Con Bolsatech, el control del Estado sumó un poroto
Mientras el Gobierno nacional busca, antes del 20 de noviembre, poder obtener en la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un proyecto oficial para una nueva ley de semillas, que regule su uso, el orden jurídico actual intenta controlar la actividad. En especial, para la semilla de soja con la variedad biotecnológica Intacta.
Por tercer año consecutivo, el Estado prorrogó el sistema de control obligatorio, denominado Bolsatech, creado como traje a medida para garantizar el pago a su propietario por el uso de esa tecnología. La iniciativa, generada en el ámbito privado y que las autoridades hicieron propias para llevar a cabo las tareas de fiscalización, arrancó en la campaña 2016/2017. Y ante la ausencia de consenso para sancionar una nueva ley de semillas ha permanecido en el tiempo.
Los controles, en cabeza del Instituto Nacional de Semillas, alcanzan a todas entregas de grano de soja a acopios y exportadores que se realizan en el país . En la última campaña se controlaron bajo el sistema estatal 54 millones de toneladas de soja en 1.771 puntos de entrega, que representan un 95 por ciento de cobertura.
La tarea de fiscalización incluyó la realización de 1,7 millones de testeos, de los que hubo solo 58 pedidos para repetir el análisis. Si en los muestreos se detecta la presencia de la tecnología y el productor aún no pagó la licencia de uso se factura el canon correspondiente.
Según los semilleros que comercializan esas variedades, el nivel de irregularidades es muy bajo lo que demuestra que cuando hay controles efectivos hace que crezca la responsabilidad entre los productores.
Contra reloj
En el Congreso Nacional, mientras tanto, terminaron las cuatro jornadas de debate para consensuar un proyecto definitivo de una nueva ley de semillas, que reemplace a la actual que es de 1973.
Pasaron más de 50 oradores que dejaron sus puntos de vista relacionados con el uso propio de la semilla, a título oneroso o gratuito, y la retribución de la inversión en el mejoramiento genético.
Por Córdoba, la Bolsa de Cereales fue una de las entidades participantes en los debates. Su posición estuvo fundada en la defensa del uso propio oneroso como incentivo para la inversión en investigación y desarrollo por parte de los semilleros.
Además de hacer notar los efectos que está teniendo sobre la producción de soja y de trigo el apagón tecnológico, a partir de la decisión de los obtentores de no lanzar nuevas variedades hasta que no haya un nuevo marco legal.
Según la Fundación Barbechando, una entidad que desde 2008 sigue con atención todos los temas legislativos relacionados con el agro, la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados espera realizar dos reuniones más: una a modo de cierre y conclusión de las jornadas y una última para dictaminar un proyecto de ley.
Si bien aún no hay nada redactado, desde la fundación estiman que diputados oficialistas y opositores generarán un grupo de consenso para avanzar con un dictamen, que se debería firmar antes del 20 de noviembre.