La puja legislativa podría trabar la embestida contra Gils Carbó
Es porque el massismo no acepta los cambios a la ley que impulsa el oficialismo a pedido de Carrió y los fiscales.
A 24 horas del debate previsto en Diputados, nubes de tormenta amenazan con aguarle al Gobierno la reforma del Ministerio Público Fiscal, con la que busca limitar a la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó y en lo posible forzar su salida para el año que viene.
Cuando todo parecía encaminado, las cosas se complicaron para el oficialismo por fuertes disidencias que salió a plantear Elisa Carrió; y también por roces con el massismo, que advirtió que podría quitarle su apoyo haciendo caer la posibilidad de darle media sanción a la ley.
En el regreso a la discusión pública luego de la angioplastia a que fue sometida hace unas semanas, Carrió calentó la previa de la sesión, al rechazar la reforma propuesta por “inconstitucional”. Consideró que el mandato de 5 años para el jefe de los fiscales –en virtud del cual Gils Carbó debería terminar en agosto de 2017– permite que cada presidente pueda hacer un nuevo nombramiento. Y propuso una duración de 8 a 10 años del mandato, que hoy dura hasta los 75 de edad, como los magistrados. ¿Y Gils Carbó? Según hicieron saber sus voceros, Lilita insistirá que su remoción debe hacerse por juicio político.
La movida de Carrió generó malestar en Cambiemos, y también en el Frente Renovador. Los cívicos tienen 4 diputados, incluida Carrió; no es tan relevante su número a los fines de aprobar el proyecto, como el peso de las opiniones de Carrió, la aliada incómoda que le marca la cancha al Gobierno.
“En este nivel de confusión es muy difícil trabajar. Es un proyecto de ellos, no trajimos nosotros esta ley acá”, disparó la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, en diálogo con Clarín. En el FR, donde ahora se pone énfasis en que firmaron “con disidencias” el dictamen la semana pasada, pedirán varios cambios para votar el proyecto. Fuentes del radicalismo anticipa- ron que hoy se negociará todo el día para buscar un consenso. Si no hay acuerdo, el tratamiento de la reforma al MPF podría postergarse.
La diputada Camaño tiene un rol clave porque (y fue parte del acuerdo con el oficialismo) preside la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF, que tendría amplios poderes, según el dictamen.
Entre otras potestades, se someten a “revisión y aprobación” de la Bicameral todas las designaciones hechas por Gils Carbó, incluidas las 11 Direcciones Generales -el MPF tiene una megaestructura- en las que ubicó a sus “leales”.
Pero un grupo de fiscales nacionales hizo saber su oposición al empoderamiento de la Bicameral. Se lo hizo saber a altas autoridades del Congreso y la Asociación de Magis- trados, que los agrupa, emitió ayer un comunicado en ese sentido (ver “Fuerte rechazo...”). En esa línea, un legislador de la UCR que participa de las negociaciones señaló: “La Bicameral tiene atribuciones excesivas. Vamos a proponer cambios”.
Hubo claramente un giro, y en el massismo se mostraron proclives a limitar la injerencia de la Bicameral: “La Comisión tiene que estar comunicada, pero no opinar” sobre los nombramientos de fiscales, dijeron. Sobre los traslados de magistrados, aeptarían que no sean aprobados por la Bicameral, sino simplemente informados.
En el FR sacaron a relucir otras diferencias. En línea con un planteo que hizo el Frente para la Victoria, pedirán que no se tenga en cuenta el requisito de cinco años de anti
güedad para los fiscales especiales (lo que haría caer designaciones). El tema ya había sido admitido en las filas oficialistas a pedido de los fiscales. También reclamarán que se incluyan fiscalías especiales que ya existen y no figuran en lista en el proyecto, como la de investigación del atentado a la AMIA o la de violencia de género.