Ocaña ampliará la acusación a Moyano por las operaciones con su gremio
“Todo esto lo denuncié en 2009”. Por su histórica cruzada judicial contra Hugo Moyano, Graciela Ocaña vivió casi como una reivindicación el informe que la Unidad de Información Financiera, tal como publicó ayer Clarín, presentó ante el juez federal Claudio Bonadio en el que se da cuenta de operaciones sospechosas por más de 200 millones de pesos entre empresas vinculadas a los Moyano con el sindicato y la obra social de Camioneros. Pero la diputada de Cambiemos insistirá en su objetivo de acorralar al dirigente gremial: anunció a Clarín que se presentará ante la Justicia para ampliar su denuncia por defraudación al sindicato y aseguró que detectó “una maniobra de vaciamiento de la obra social”.
Ocaña adelantó que en la presentación aportará “nuevos elementos que probarían que la obra social pagó costos muy elevados” en prestaciones y medicamentos, “con el pre- sunto objetivo de sacar fondos de Camioneros” a otras empresas.
“Los afiliados terminaron pagando por servicios de primera línea, como las prepagas de mejor reputación, cuando las prestaciones son muy distintas”, deslizó la ex ministra de Salud, que volverá a apuntar al conglomerado de empresas allegadas a la familia Moyano, prestadoras de servicios de Camioneros y de OsChoCa, la obra Social del gremio. “Son varias empresas más a las que les traspasaron de forma indiscriminada, incum- pliendo las obligaciones que, al tratarse de fondos públicos, deben cumplir las obras sociales”, agregó.
El último informe de la UIF, que dirige Mariano Federici, puntualiza que, entre 2010 y 2011, a Aconra, una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por $ 220 millones. El organismo analizó una muestra de 26 cheques por un monto de $105 millones y constató que la totalidad fue librada por Camioneros. Según el informe, la modalidad "se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado acreditaciones por $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros".
“Se entiende que allegados a Moyano han constituido sociedades destinadas a prestar servicios casi con exclusividad a Camioneros”, conclu- ye. Aunque con montos más bajos - acorde al rubro- una situación similar ocurre con Dixey SA, un taller de ropa, y la prestadora médica IARAI, dirigidas por Valeria Salerno.
Luego de que trascendiera que, según la UIF, tanto Salerno como el otro hijastro de Moyano, Juan Manuel Noriega Zulet, ingresaron al blanqueo de capitales con $ 8.500.000 cada uno, Ocaña se presentará ante la Justicia con pruebas adicionales. Pero será en febrero, una vez que se levante la feria judicial. Su denuncia original fue en 2009, pero la causa no prosperó. Incluso cuando en 2013, luego de la ruptura de la gestión K con Moyano, la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), bajo la órbita de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, reforzó esa denuncia con un informe que advirtió de operaciones sospechosas por $ 570 millones. ■