El apoyo a la ciencia, otra deuda
Es preciso saber que no todos los países desarrollados cuentan con ministerios de Ciencia y Tecnología. Japón y Francia tienen unificada la política de investigaciones científicas en ministerios que se ocupan de la educación superior y en particular de las universidades, considerando a éstas el locus principal para el desarrollo científico; y asignan a los ministerios que atienden la producción, las actividades de promoción y fomento de la innovación tecnológica como factor clave para el desarrollo de la competitividad económica.
Desde la creación de la Secretaría de Ciencia y Técnica en 1973, ésta dependió o del Ministerio de Educación o de Presidencia de la Nación. Desde 1996, la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología incorporó, entre sus funciones sustantivas, la promoción de la innovación tecnológica. Luego de la crisis de 2001, durante la gestión de Lavagna en Economía en el gobierno de Néstor Kirchner, se dictaron las leyes de promoción de la biotecnología, la industria del software y la nanotecnología. Fue recién con el primer gobierno de Cristina Fernández cuando se crea el MINCyT y se desplegó a escala ampliada un aumento presupuestario para ciencia, tecnología e innovación, aunque la innovación tecnológica no tuvo el mismo protagonismo que en la gestión anterior, salvo el desarrollo nuclear y espacial. El Conicet ha desempeñado un papel central en el desarrollo científico nacional. Sin embargo, su crecimiento (entre 2007 y 2015) amplió la brecha entre los grandes centros urbanos y el interior del país. El Conicet concentra aproximadamente el 50% de sus acciones en sólo 3 universidades (UBA, La Plata y Córdoba).
Esta elevadísima concentración es el resultado de políticas de laissez faire y de “mercado científico”, basado exclusivamente en principios meritocráticos, con escasa o nula planificación. Paradójicamente, la visión del Conicet responde a un enfoque liberal, sin intervención de política pública orientada a resolver asimetrías de desarrollo científico. Ilustra trágicamente esta situación la “lucha encarnizada” de las universidades del interior del país por la radicación de uno o dos investigadores del Conicet, mientras ingresan centenares de investigadores a lugares de trabajo en las tres grandes universidades. Errores básicos de la política pública explican esta situación, como no limitar el ingreso al mismo lugar donde los investigadores se formaron con estudios de doctorado y posdoctorado.
Todo esto se agrava con un aspecto clave de la política del Conicet: la creación de una carrera asalariada del investigador 10 días antes de que asumiera Cámpora a la presidencia en 1973. Esto terminó con la política de Bernardo Houssay, quien presidiera el organismo desde 1958 hasta 1971, y que consistía en el otorgamiento de un estipendio que mejoraba los ingresos de los investigadores que eran categorizados en la carrera del investigador científico, pero cuyos salarios los pagaban las universidades y otros organismos científicos y tecnológicos.
En 2017 se estima que el Conicet ha pagado $ 4.500 millones en salarios de investigadores con lugar de trabajo en universidades, de los cuales el 50% trabajan en las tres universidades mencionadas. O sea que subsidia con salarios a docentes universitarios de tiempo completo que investigan y dan clases de gra-
do y posgrado. Esto no se considera a la hora de la distribución del presupuesto universitario.
Quizás la mejor coordinación entre el área de Educación e Investigación científica en un solo Ministerio pueda resolver esta situación. O quizás sea una nueva oportunidad que se pierda. En esa dirección debe leerse el planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que pidió elevar la participación institucional universitaria a un 30% en el Directorio del Conicet y el apoyo a la convocatoria de ingreso a carreras de investigador de este año en la que se reservaron 150 cargos a universidades y organismos de desarrollo tecnológico de menor desarrollo relativo.
El segundo problema, no resuelto con la creación del MINCyT, refiere a la innovación tecnológica. Desde el retorno a la democracia hubo pocos intentos de incorporar efectivamente la innovación como una pieza clave de la competitividad sistémica: la Resolución 25 de la gestión de Alfonsín para el desarrollo de la industria electrónica, el software y telecomunicaciones, la creación del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) en 1993 en el Ministerio de Economía, la creación de la CONAE en 1991, las políticas de promoción de la innovación tecnológica con apoyo a las empresas con aportes no reembolsables y crédito fiscal en los ´90, las referidas políticas industriales sectoriales entre 2003 y 2007, y durante los 12 años de la gestión kirchnerista, el relanzamiento de la industria nuclear y espacial, en ambos casos por fuera del MINCyT. La creación del MINCyT no resolvió adecuadamente la relación Conicet/Universidades; ni la incorporación plena a la política económica de la innovación tecnológica.
Los avances institucionales y de política más significativos se produjeron con anterioridad a la transformación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en Ministerio. No pareciera que el “regreso” de Ciencia y Tecnología al área educativa resuelva esta última cuestión; más bien la agravaría, ya que no figura en el listado de competencias esenciales de la nueva cartera de Producción la innovación tecnológica. ■