Caso Muñoz: apartaron al juez por favorecer a los acusados
La Cámara Federal resolvió quitarle a Luis Rodríguez la causa por lavado del exsecretario de Néstor Kirchner
El juez federal Luis Rodríguez fue apartado de la causa en que investigaba al exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz por lavar dinero a través de la compra de propiedades en los Estados Unidos por más de 70 millones de dólares, al entenderse que benefició a los acusados y no escuchó las razones del fiscal para detenerlos. La medida fue dictada por la Cámara Federal e implica un severo llamado de atención al juez.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia también declararon nula la decisión del juez de eximir de prisión a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y a otros involucrados en el caso, y cuestionaron que no avanzara con el congelamiento de los bienes en el exterior. Pochetti terminó detenida por decisión del juez Claudio Bonadio, quien investiga a los mismos acusados, porque entiende que la plata de la corrupción que aportaron los empresarios de la obra pública fue recibida en parte por Muñoz, que la invirtió en la compra de propiedades. Esos datos surgieron en los cuadernos de las coimas del remisero Oscar Centeno.
En la causa está acreditado que los fondos de Muñoz fueron usados para la adquisición de inmuebles en Nueva York y Miami mediante sociedades offshore dirigidas por supuestos testaferros. En paralelo, la Justicia tiene la hipótesis de que parte de ese dinero pudo haber sido de Néstor Kirchner.
El juez federal Luis Rodríguez fue apartado de la causa en que investigaba al exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz por comprar propiedades en los Estados Unidos por más de 70 millones de dólares, al entender que benefició a los acusados y no escuchó las razones del fiscal para detenerlos.
La medida fue dictada por la Cámara Federal e implica un severo llamado de atención al juez Rodríguez porque es la segunda vez que dicta un fallo que beneficia a los acusados, en detrimento de las evidencias esgrimidas por los acusadores.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia declararon nula la decisión del juez de eximir de prisión a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y a otros involucrados en el caso. La eximición de prisión es un beneficio que puede otorgar el juez a un acusado para dejarlo en libertad y que permanezca libre durante el proceso.
En este caso, Rodríguez eximió de prisión a los acusados tras el pago de 10 millones de pesos a pesar de que el fiscal Carlos Stornelli había insistido en que debían estar presos por el riesgo de que se fugaran, dado su poder económico. La Unidad de Información Financiera (UIF) también se había quejado de las decisiones del juez en favor de los acusados.
Los camaristas dijeron que no fue la primera vez que Rodríguez actuó así. De hecho, en el fallo anterior, Rodríguez se había opuesto a los pedidos de Stornelli de congelar las cuentas bancarias de los acusados en los Estados Unidos, aun cuando había evidencias de que se estaban moviendo los fondos en el extranjero, con el riesgo de que desaparecieran.
La Cámara Federal en ese momento revocó esta decisión del juez y allanó el camino para que los acusados quedaran todos presos. No fue Rodríguez quien ordenó las detenciones –pues se opuso a ello–, sino Claudio Bonadio, por el caso de los cuadernos.
En ese fallo, la Cámara Federal había dicho que si previamente existió suficiente evidencia para embargar los bienes de los acusados, lo mismo regía para los fondos en el exterior. Irurzun y Bruglia aseguraron que los datos de las cuentas de Estados Unidos “dan la pauta sobre un peligro en la demora” y en “la negativa a proceder”. En criollo, si el juez no actúa, la plata va a desaparecer.
En efecto, los acusados vendieron los bienes de Estados Unidos y dificultaron su búsqueda posterior.
Irurzun y Bruglia dispusieron ayer que otro magistrado, elegido por sorteo, deba intervenir en este caso. El bolillero electrónico eligió a Daniel Rafecas.
En paralelo, el juez Claudio Bonadio investiga a los mismos acusados porque entiende que la plata de la corrupción que aportaron los empresarios de la obra pública identificados en los cuadernos de Oscar Centeno y que recibió Muñoz terminó en parte en sus manos y fue invertida en la compra de propiedades en los Estados Unidos por más de 70 millones de dólares.
Los acusados en este caso son Carolina Pochetti, Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy y Carlos Cortez.
Stornelli, que es fiscal en los dos casos, le había pedido a Rodríguez que dejara ese caso en manos de Bonadio, pero el juez se negó y actuó llamando a indagatoria a los acusados, a quienes se venía negando a detener. Lo hizo en un fallo en el que, además, criticó a Stornelli por sostener que no velaba por la legalidad del proceso. Ahora la Cámara Federal le dio la razón al fiscal y apartó al juez.
El objeto de la causa contra la viuda de Muñoz y sus supuestos testaferros es determinar si los imputados conformaban “una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática”.
En la causa está acreditado que el dinero de la corrupción de Muñoz fue aplicado para la adquisición de inmuebles en Nueva York y Miami mediante sociedades offshore dirigidas por supuestos testaferros suyos. En paralelo, la Justicia tiene la hipótesis de que parte de ese dinero pudo haber sido de Néstor Kirchner.
Los departamentos, que incluían hasta un piso frente al Central Park y un minicentro comercial en Miami, se vendieron en 73.406.300 dólares. Ese dinero fue luego reintroducido en parte en el sistema bancario. Se mantuvo en movimiento y fue transferido a diferentes entidades financieras. La Justicia dispuso medidas para congelar esos fondos y poder recuperarlos.