Cuadernos: la Casación confirmó las detenciones que ordenó Bonadio
Fue un respaldo a las medidas del juez en los casos de los empresarios Mundin y los exfuncionarios Lazarte y García Ramón
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, intervino por primera vez en el caso de los cuadernos de las coimas y confirmó las primeras prisiones preventivas dispuestas por el juez Claudio Bonadio que llegaron a la Cámara para ser revisadas.
Los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone (con la disidencia de su colega Ana María Figueroa) confirmaron ayer las prisiones del empresario Carlos Mundin (BTU) y de los exfuncionarios Nelson Lazarte y Fabián Ezequiel García Ramón.
Barroetaveña y Petrone sostuvieron que los recursos de Casación eran “inadmisibles” porque no tenían argumentos que permitieran “conmover” las decisiones tomadas, y que las instancias anteriores habían evaluado correctamente los riesgos procesales que implicaría dejar a estos acusados en libertad.
Las prisiones preventivas dispuestas por Bonadio habían sido confirmadas ya por la Cámara Federal. Según el voto mayoritario del fallo de ayer de Casación en el caso Lazarte (los otros fallos son similares), la Cámara Federal, cuando confirmó los encarcelamientos, “valoró no solo la gravedad del hecho objeto de investigación, sino también su extraordinaria magnitud, que se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de prueba, caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se halla en plena sustanciación inicial, cuyo alcance no puede aún limitarse, provocando la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea”.
Por el momento, esta sala de la Casación será la que siga interviniendo en el caso. No recibió la causa por sorteo, sino por conexidad: era la sala que tenía la causa de las irregularidades en la compra de gas licuado hecha durante el kirchnerismo y fue a partir de ese expediente que Bonadio abrió el caso de los cuadernos. Esa conexidad está discutida (las defensas sostuvieron que el nuevo caso debió mandarse a sorteo y que lo que se hizo fue un forum shopping). Pero la Cámara Federal respaldó a Bonadio. Por eso, se envió el expediente a esta sala de la Casación.
Fuentes del máximo tribunal penal advirtieron ayer a la nacion que el hecho de que hayan resuelto estas excarcelaciones no implica que vayan a quedarse con el caso; que esa es una discusión que llegará más adelante, pero que por lo pronto la intención de los camaristas era resolver cuanto antes estos incidentes porque lo que estaba en juego eran privaciones de la libertad.
La disidencia
La jueza Figueroa, que votó en disidencia, consideró que los recursos debían admitirse y que, por ende, la Cámara tenía que convocar a las audiencias que prevé la ley para determinar si las prisiones preventivas estaban bien ordenadas o no.
Los tres procesados que seguirán presos conforme lo dispuesto ayer por la Casación son Mundin, el presidente de BTU, una empresa de ingeniería que creció en la década pasada a partir de la construcción de gasoductos; Lazarte, que era secretario privado de Roberto Baratta, una suerte de número dos del exministro Julio De Vido, y García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables.
Mundin está acusado de haber pagado sobornos a Baratta. García Ramón figura en la causa como pasajero frecuente del Toyota Corolla que en 2010 conducía Oscar Centeno, el chofer que escribió en sus cuadernos cómo era el mecanismo de cobro de los sobornos. Lazarte aparece como presunto acompañante de Baratta en las rutas de recolección de coimas.
Hasta que fue detenido, Lazarte siguió trabajando en la administración pública. Cuando dejó el Ministerio de Planificación pasó a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), otra obra emblemática sospechada de corrupción. Allí fue nombrado con un sueldo de unos $30.000, hasta que lo despidió el actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, en marzo de 2016. El ladero de Baratta encontró entonces otro destino. De acuerdo con los registros oficiales, en julio de 2017 comenzó a trabajar en la Auditoría General de la Nación (AGN) en el despacho del auditor Javier Fernández, histórico operador en los tribunales que también aparece en uno de los cuadernos de Centeno.