Golpes de Estado, una trama civil y militar
Las interrupciones al proceso democrático fueron una sucesión trágica que aún merece reflexión. Escribe Luis Alberto Romero
Para más de la mitad de los argentinos, los golpes militares están ausentes de su historia vivida. El resto vivió algunos y además recuerda perfectamente la cadena de intervenciones militares iniciada en 1930, con siete golpes concretados y una infinidad de “planteamientos”. Pero todos conocen el último, que en 1976 inició una feroz dictadura militar. La construcción de su memoria sigue siendo conflictiva y enconada, sin que los historiadores hayan logrado alcanzar una versión equilibrada. Para avanzar en un esclarecimiento de los golpes militares más allá de las pasiones, el Club del Progreso convocó, en su ciclo de “Temas polémicos de la historia argentina”, a Rosendo Fraga y Marcos Novaro que, además de historiadores, son cotidianos analistas de la actualidad política argentina.
Antes de 1930 hubo revoluciones cívico-militares (ambos sectores estaban bastante mezclados) como la de 1874, encabezada por el general Mitre, la de 1890, las de 1893 y la de 1905, organizada por Hipólito Yrigoyen. La opinión pública legitimaba la opción ciudadana de defender con las armas la libertad y la república. Algo de eso hubo en 1930, pero desde entonces los golpes fueron fuertemente castrenses. Impulsados por una concepción mesiánica, los militares se asignaron el papel de custodios de los superiores valores de la nación. Tan cierto como esto es que en cada ocasión fueron invitados o convocados por sectores políticos, incapaces de destrabar algún nudo gordiano democrático.
Rosendo Fraga comenzó su intervención con una definición precisa del “golpe” (lo hay cuando el Congreso es disuelto) y una apreciación histórica: el actor militar, considerado como corporación, se fue formando gradualmente. En 1930, al desfile triunfal del general Uriburu y el Colegio Militar solo se sumó una unidad de Campo de Mayo; el resto, activo o celebrante, fueron civiles de las más variadas orientaciones políticas. En 1943 solo participó Campo de Mayo, con el discreto apoyo del ministro de Guerra, general Pedro Pablo Ramírez, quien luego del fugaz juramento del general Rawson fue designado presidente. En 1955, la Marina de Guerra, muy dividida en junio, se sumó masivamente a la revolución de septiembre, pero en el Ejército las adhesiones fueron mínimas –solo un general en actividad– y no alcanzan para explicar la caída de Perón. El apoyo popular fue grande y activo –los Comandos Civiles Revolucionarios–, aunque es difícil decir que fue decisivo.
Posiciones enfrentadas
En 1962, con la deposición de Frondizi, aparece la Junta de Comandantes en Jefe, base de una organización corporativa, pero las luchas posteriores entre “azules” y “colorados” testimonian que la unidad de los armados estaba lejana. En 1966 la Junta de Comandantes designa presidente a Onganía, quien rápidamente envió a los cuarteles a todos los militares en actividad. La misma Junta lo depondrá en 1970, y un año después hará lo mismo con su sucesor, Levingston. Este crescendo corporativo culminó en 1976, cuando la Junta de Comandantes, luego de designar presidente a uno de ellos, Videla, se mantuvo en funciones, dictó un Estatuto y creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, una suerte de Congreso interfuerzas. Pocos ignoraban, por entonces, las divisiones existentes entre ellas y entre los principales generales.
En cambio, señala Fraga, la relación con los grandes representantes corporativos no cambió mucho en esos cincuenta años. Los nuevos gobiernos fueron inicialmente apoyados por los grandes diarios, la Sociedad Rural y la Unión Industrial. Sus ministros provinieron de los grupos de grandes propietarios, mientras que los partidos políticos oscilaron, pragmáticamente, entre apoyar el golpe, enfrentarlo o instrumentar una “salida política”.
Centrándose en el golpe de 1976, Novaro considera necesario sumar al sentido corporativo otras variables: la legitimidad social, la permeabilidad a distintos reclamos de la sociedad, y más en general, la situación de creciente deterioro del Estado, del que las Fuerzas Armadas forman parte.
Ya desde Onganía, los militares se presentaron como los protagonistas de una gran transformación, una verdadera revolución que restauraría el orden y el desarrollo. Actuando con autonomía, reformarían a cada uno de los actores sociales, incluyendo a sus eventuales asociados. ¿Hasta qué punto esta percepción castrense se ajustaba a la realidad? Todo eso fue ilusorio –dice Novaro–, una suerte de autoengaño. Cuando asumieron que para ganar la guerra debían eliminar físicamente al adversario, recurrieron al terrorismo clandestino y la “desaparición”. Como cualquiera de los criticados dirigentes civiles, evitaron pagar los costos políticos ante una sociedad que, por otra parte, ya aceptaba con naturalidad (“por algo será”) los asesinatos y las desapariciones.
En opinión de los militares, la subversión enraizaba en los insuperables conflictos corporativos. La solución pasaba por el disciplinamiento de cada actor, por obra de un poder duro y autónomo, solo sostenido por un sector empresarial reducido pero poderoso, portador de un plan “neoliberal”. Eso creyeron ellos; también lo creyeron sus enemigos políticos, que sostuvieron la misma versión. En realidad, los militares debieron negociar, como cualquier gobierno anterior, con cada uno de los intereses sectoriales, y también con las distintas facciones militares. Pese a los duros enunciados, se mantuvo la generosa política de subsidios, se limitó el desempleo con obras públicas de magnitud y los presupuestos tuvieron déficit dignos de un gobierno populista.
Recuerda Novaro la discusión actual sobre los “cómplices civiles” del Proceso, a quienes muchos querrían ver en prisión. Los militares tuvieron socios civiles como cualquier otro gobierno, anterior o posterior, pero ninguno de ellos los siguió más allá de la puerta del cementerio. Tampoco los políticos, expertos en diseñar “salidas”, que luego, como san Pedro, lo negaron todo. Nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. ¿Quién no colaboró alguna vez con un gobierno militar? ¿Quién no legitimó alguna vez la violación de la Constitución? ¿Quién no consintió alguna cosa espantosa?
Juego de intereses
¿Volverán los golpes?, preguntó el público. El ejemplo de Brasil inquieta a todos, pese a que Jair Bolsonaro fue electo democráticamente. Para Fraga, el Lava Jato barrió con la legitimidad de los partidos y del sistema institucional y abrió el camino para este político de la antipolítica, sostenido por el ejército, uno de los sobrevivientes del vendaval anticorrupción. En Brasil, el ejército apoyó institucionalmente esta candidatura, que lo colocó nuevamente en el centro de la escena. Muchas cosas son distintas en la Argentina, pero no debe descartarse de plano la posibilidad de un fenómeno similar.
Para Novaro, el núcleo del derrumbe político e institucional brasileño se encuentra en el “golpe blando” contra Dilma Rousseff, que desnudó la debilidad de la democracia brasileña y la falta de firmes convicciones institucionales en sus actores. En nuestros 35 años de democracia, la presencia de militares en política ha sido excepcional y acotada –Aldo Rico, Bussi, Milani–, y un golpe militar es inverosímil. Pero, en cambio, tenemos experiencias de presidentes renunciantes y de golpes blandos, y esa alternativa no puede descartarse.
Un optimista diría: nunca más los golpes militares interrumpirán nuestra democracia. Un pesimista agregaría: los civiles pueden hacerlo solos. Esa es hoy la cuestión.