Defendieron al chavismo y ahora son sus víctimas
venezuela. En un esfuerzo por consolidar su poder, Maduro reprime a activistas de izquierda que alguna vez lo apoyaron y ahora lo critican
GÜIRIA, Venezuela.– El presentador de El pueblo en combate, un popular programa de radio, siempre había elogiado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluso cuando millones de ciudadanos se hundían en la miseria bajo el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero este verano, cuando la escasez de nafta paralizó su remoto pueblo pesquero, se desvió de la línea del partido.
En su programa, el locutor José Carmelo Bislick, un socialista de toda la vida, acusó a los dirigentes locales del partido de haberse beneficiado de su acceso al combustible, dejando a la mayoría de la gente haciendo filas durante días en las estaciones de servicio vacías.
Solo transcurrieron unas semanas desde la denuncia cuando, en la noche del 17 de agosto, cuatro hombres enmascarados y armados irrumpieron en la casa de Bislick y le dijeron que “se comió la luz”, una frase que indica que alguien se ha pasado un semáforo en rojo.
Luego lo golpearon y se lo llevaron a rastras frente a su familia. Horas después lo encontraron muerto con heridas de bala y vestido con su remera favorita del Che Guevara.
Los asesinos de Bislick siguen prófugos en esa ciudad de 30.000 habitantes, donde todos lo conocían y sabían que le había dedicado su vida a la revolución bolivariana.
La muerte de Bislick parece formar parte de una ola de represión contra los activistas de izquierda marginados por Maduro, quien parece decidido a consolidar su poder en las elecciones parlamentarias de diciembre. La votación, boicoteada por la oposición y denunciada por grupos de derechos humanos, podría llevar a la que solía ser una de las democracias más consolidadas de América Latina al borde de un Estado de partido único.
Después de desmantelar a los partidos políticos que se oponían a su versión del socialismo, Maduro ha apuntado a su aparato de seguridad hacia los aliados ideológicos desilusionados, repitiendo el camino recorrido por los autócratas de izquierda desde la Unión Soviética hasta Cuba.
“Quien haga una crítica primero te ponen al lado de partidos de oposición, de derecha, te llaman traidor”, dijo Ares Di Fazio, líder del Partido Tupamaros, de extrema izquierda, que fue desmantelado por el gobierno en agosto después de haber expresado su descontento.
Las fuerzas de seguridad han reprimido a los tradicionales partidarios del gobierno que en los últimos meses inundaron las calles de las ciudades de provincia para denunciar el colapso de los servicios públicos. Funcionarios que denuncian corrupción son acusados de sabotaje.
Los integrantes de la alianza electoral gobernante que decidieron postularse como independientes son descalificados. Quienes perseveran son acosados por la policía o acusados de delitos espurios.
En parte, la represión interna es el resultado de la decisión de Maduro de abandonar las políticas de redistribución de la riqueza de su difunto predecesor Hugo Chávez, a favor de lo que equivale a un capitalismo de compinches para sobrevivir al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
El cambio legalizó efectivamente la economía de mercado negro en Venezuela, santificando la corrupción generalizada y permitiendo que Maduro mantenga la lealtad de las élites militares y empresariales que se benefician del nuevo orden económico.
El resultado ha sido un abismo discordante entre la retórica oficial, que culpa del colapso nacional a las sanciones del gobierno de Estados Unidos, y las vidas extravagantes que ostentan las élites gobernantes en los supermercados y las salas de exhibición de autos de lujo.
“Hay un bloqueo para unos y los bodegones para otros”, dijo en referencia a las tiendas donde se venden productos importados de lujo Oswaldo Rivero, un destacado activista de izquierda y presentador de televisión nacional.
A quienes cuestionan eso, “los vuelven leña”, dijo Rivero, quien dice que ahora lo llaman traidor y lo han amenazado en redes sociales por hablar en contra de la corrupción.
Durante las últimas dos décadas, los partidos de izquierda representados por activistas como Rivero habían ayudado a Chávez, y luego a Maduro, a permanecer en el poder.
Su mensaje de cambio radical resonó con fuerza en los barrios marginales y en los asentamientos rurales de Venezuela hartos de la arraigada desigualdad.
Pero estos aliados se desilusionaron cada vez más con el autoritarismo y la corrupción de Maduro. Este año, por primera vez, decidieron presentar a sus propios candidatos a la asamblea.
Maduro respondió rápidamente al desafío. En agosto, los jueces del Tribunal Supremo de Justicia instalaron a los leales a Maduro en la directiva de los Tupamaros y otros tres pequeños partidos disidentes.
La policía detuvo al jefe de los Tupamaros, José Pinto, por cargos de asesinato que no han sido demostrados, hostigó a los líderes del Partido Comunista de Venezuela y detuvo brevemente a un veterano disidente de izquierda, Rafael Uzcátegui, de 73 años, acusado de haber visitado un burdel.
Uzcátegui afirma que 37 miembros de su partido, Patria para Todos, han sido detenidos por hacer campaña contra el gobierno en las próximas elecciones. Cuatro de ellos simplemente hicieron una pintada en una pared pública con las palabras “Salario digno ya”, una súplica para aumentar el salario mínimo mensual de 2 dólares.
Después de una tensa calma por la pandemia, el descontento popular con el gobierno de Maduro estalló en más de mil protestas repentinas en septiembre. Estas manifestaciones se concentraron en los estados rurales pobres, que durante mucho tiempo han formado la base del partido gobernante.
Maduro respondió al descontento de esos enclaves socialistas con la misma represión que les aplica a los opositores. Más de 200 manifestantes fueron detenidos en los disturbios rurales de septiembre, y las fuerzas de seguridad mataron a tiros a una persona, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un grupo sin fines de lucro que registra los disturbios.
Según las encuestas, el gobernante PSUV cuenta con el apoyo de solo uno de cada diez venezolanos. Mientras tanto en Güiria, la familia de Bislick, el locutor de radio socialista, todavía espera justicia.