Apartan al juez que investigaba a la familia presidencial por el caso Hotesur
La Sala I de la Cámara Federal apartó a Claudio Bonadio, al aceptar un pedido de nulidad hecho por la defensa de la sobrina de Cristina Fernández y titular de la firma. La causa es por lavado de dinero. Hoy se sorteará el nuevo magistrado.
La Cámara Federal apartó ayer al juez Claudio Bonadio de la causa por presunto lavado de dinero de la empresa Hotesur, de la cual es socia la presidenta Cristina Fernández, luego de conocerse detalles del allanamiento en las oficinas de su hijo Máximo en Santa Cruz .
El tribunal decretó nula una medida dispuesta por el juez a raíz de un planteo de Romina Mercado, presidenta de la firma Hotesur y sobrina de la mandataria.
Eduardo Freiler junto a Jorge Ballestero resolvieron apartar a Bonadio, mientras que el juez Eduardo Farah votó en disidencia.
La decisión fue tomada tres días después de que Bonadio realizó una treintena de operativos en el sur en busca de información contable, por ejemplo, en Austral Construcciones, la empresa de Báez; la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos y los hoteles de la familia.
El juez requirió datos a otras empresas constructoras como Loscalzo y Delcurto y Kank y Costilla, y también pidió material a los bancos HSBC, Nación y Santa Cruz y a las firmas hoteleras Hotel Alto Calafate, Hostería Las Dunas, La Aldea y Los Sauces.
La Cámara cargó en duros términos contra la “peculiar actitud” de Bonadio en la causa y “la inusitada repercusión en los medios masivos de comunicación” que adquirió la investigación, que esta semana tuvo un alto impacto político por el operativo dispuesto en Río Gallegos y en plena etapa electoral.
El Tribunal también criticó que Bonadio designara para realizar ese operativo a la Policía Metropolitana y no a una fuerza de seguridad de carácter federal.
Mercado había planteado la nulidad de la decisión del juez de convocar a peritos contadores de la Corte Suprema para "colaborar en el análisis e investigación sobre aspectos técnicos".
El mismo planteo también fue hecho por el empresario Lázaro Báez, pues la investigación sostiene la hipótesis de que empleados de su firma Austral Construcciones alquilaban plazas del hotel Alto Calafate, que explota Hotesur, pero no eran ocupadas, abriéndose una maniobra de lavado de dinero.
Esta semana, la causa se politizó a raíz de un operativo que dispuso Bonadio a cargo de la Metropolitana en la sede de Hotesur en Santa Cruz, lo que fue criticado por el oficialismo.
Las defensas de Báez y Mercado criticaron que el juez no especificó cuál fue el motivo para darles intervención a los peritos.
Bonadio replicó que no actuó en ese sentido porque no se trató de una pericia, sino de una colaboración con la investigación, y prosiguió con la designación de los expertos contables. Las defensas acusaron que era una medida sobre la cual no podían tener control alguno.
El Tribunal también criticó que Bonadio designara para realizar ese operativo a la Policía Metropolitana y no a una fuerza de seguridad de carácter federal.