El PI propuso que se convoque al Consejo Económico y Social local
En un comunicado de la mesa directiva de Coronel Rosales, que lleva la firma de, entre otros, el secretario general Ángel Chío, el Partido Intransigente planteó, ante la difícil situación del distrito, que el intendente debería convocar y constituir el Consejo Económico y Social local, creado por ordenanza sancionada en el año 2005 y presentada por el ex concejal Juan Ferreyra.
Indicó que los municipios bonaerenses deben instrumentar espacios de organización horizontal, intrasectorial y social para la creación de soluciones locales y regionales dirigidas a combatir la emergencia económica y financiera.
Recordó que la ordenanza prevé que participarán del organismo representantes distritales de los trabajadores organizados, empresarios de sectores agropecuarios, industriales y comerciales, entidades bancarias y financieras, consumidores y usuarios de servicios públicos, entidades de previsión social, asociaciones de profesionales, univerdichos sidades e institutos terciarios locales, sectores de la cultura y la educación, medios de comunicación, cooperativas y mutuales, dos miembros del Departamento Ejecutivo y dos del Concejo Deliberante, con expresa representación de las minorías parlamentarias.
Sus funciones, entre otras, son coordinar, planificar y proceder al estudio y relevamiento de todo lo referente a cuestiones de carácter económico y social del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales.
También dictaminar a pevigente dido del Departamento Ejecutivo o del Honorable Concejo Deliberante en materia de planeamiento económico y social, y elevar proyectos a órganos.
Se deberá, además, informar al Ejecutivo en toda cuestión de emergencia económica y social en casos de urgencia o receso del Concejo Deliberante.
Al mismo tiempo, se tendrán que recabar informes a entidades públicas y privadas, solicitar asesoramiento de especialistas sobre materias de su competencia y analizar, investigar y proyectar temas para el crecimiento y desarrollo local, amén de consensuar, programar y controlar la ejecución de políticas públicas.
“Se debe planificar el bienestar general de las comunidades. Y la participación de todas las organizaciones comunitarias es esencial para ello”, dijo Chío.