Las fotos públicas de Facebook
Hace muy poco, el Tribunal Supremo de España condenó a un diario de Zamora a pagar una indemnización de 15 mil euros a una persona por haber utilizado sin autorización una foto que esta había posteado en su Facebook de manera pública.
En su fallo, el máximo órgano del poder judicial español sostiene que “tener una cuenta o perfil en una red social en internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público”.
Pero, agregó el tribunal, lo que no se puede asumir es que esa misma imagen pueda ser republicada por terceros, “que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicarla”, de acuerdo con la ley de protección de derecho al honor y la propia imagen sancionada en España en 1982.
En concreto, La Opinión de Zamora había llevado en la portada de su edición de papel una foto obtenida de Facebook para ilustrar una noticia policial: el hombre había resultado herido por su hermano con un arma de fuego, y los editores supusieron que si estaba publicada para cualquiera, bien podía ir a la tapa. Supusieron mal.
Consentimiento
En España (como en cualquier parte del mundo) es válido y suficiente el consentimiento que le damos a Facebook con un click en “aceptar” para que la red social haga uso y abuso de nuestra imagen, honor y lo que sepa de nosotros para hacer dinero.
Pero el Tribunal Supremo entiende que si se trata de un medio de comunicación, la autorización debe ser expresa.
Como sea, vale para recordar qué dice el nuevo Código Civil que rige en nuestro país desde 2014.
En su artículo 53, sobre el derecho a la imagen, estipula que “para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento”, excepto en los siguientes casos:
“a. Que la persona participe en actos públicos; b. Que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario; c. Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general”.
Si se trata de la imagen de personas fallecidas, el consentimiento lo dan los herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Además, pasados 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre.
Seguramente, queda por interpretar y pueden ser cuestionables figuras como “interés general” y “reproducción no ofensiva”.
Lo curioso es que la ley española prevé una excepción parecida (aunque no igual) para “la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria”.
Tal vez el problema fue que la foto no era “meramente accesoria”, sino que estaba en la tapa de papel, espacio que evidentemente todavía tiene un enorme poder simbólico.