Bosques: reducir el rojo no es opción
Los titulares de los dos bloques mayoritarios de la Legislatura han venido planteando la búsqueda de una supuesta posición de equilibrio en relación con la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN).
Desde Unión por Córdoba (UPC), se evalúa que entre ambientalistas y ruralistas “hay diferencias enormes”, y se afirma: “Entre los extremos mediamos nosotros. Vamos a actuar de manera responsable: no avalaremos ni una cosa ni la otra”. En tanto, desde la Unión Cívica Radical (UCR), proponen el “equilibrio” entre producción y conservación. Vale analizarlo.
Nuestros ecosistemas naturales dan sobradas pruebas de estar rebasados en su capacidad de prestar servicios ambientales. Las inundaciones recurrentes y la desertificación son muestras de ello. Entonces, el equilibrio entre producción y conservación no puede implicar más superficie protegida destinada a la eliminación del estrato arbustivo para pastoreo bovino, sino, al contrario, la restauración de bosques perdidos en el último siglo.
Es real que existen diferencias enormes entre las superficies en máxima categoría de confundamental. servación (rojo) pretendidas por ambientalistas y ruralistas. Pero la posición ambientalista fue expresada en 2010 con un proyecto de ley de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), que propuso 3.980.000 hectáreas como rojo. El punto intermedio ya lo brinda la superficie del marco legal vigente.
Existe el principio de no regresividad establecido por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), por el cual la actualización de los OTBN no puede significar reducir los niveles de protección ya alcanzados, cuyo menor valor, comparando los tres mapas de OTBN, es de 1.863.743 hectáreas en rojo.
Tres mapas
A partir de una historia compleja, Córdoba tiene tres mapas de OTBN:
1) El vigente por la ley 9.814, con 1.863.743 hectáreas en rojo, aprobado en 2010 con el voto unánime de UPC y la UCR. Fue elaborado sobre la base de seis documentos técnicos, pero, por algún motivo que deberían explicar las autoridades de ese momento, no está en formato vectorizado, que es el que exige la ley nacional y permite su aplicación a campo.
Las dos fuerzas mayoritarias que votaron el proyecto por unanimidad deberían responsabilizarse por ese error técnico 2) En 2013, la Provincia presentó a la Nación un mapa vectorizado tomando como base sólo la cobertura vegetal. Tiene 2.393.791 hectáreas en rojo y es el que invoca el sector ruralista para decir que en Córdoba el rojo está sobredimensionado.
3) Entre 2015 y 2016, la Secretaría de Ambiente vectorizó el mapa de la ley 9.814 sobre la base de la hojita tamaño A4 del mapa aprobado por ley, y corrigió defectos del original. Este último mapa cuenta con 1.986.158 hectáreas en rojo y 2.017.138 hectáreas en amarillo.
Las superficies de este mapa son las que sostenemos desde el Foro Ambiental Córdoba como válidas para aplicar el principio de no regresividad.
Una solución sería ampliar los fondos de compensación.
Desde 2010, la Nación ha asignado al Fondo de Bosques Nativos menos del 10 por ciento de lo estipulado por ley. Para 2017, están presupuestados 22.600.000 pesos para Córdoba. Entre 2014 y 2016, fueron unos 20 millones de pesos anuales. De ese monto, la Provincia se queda con el 30 por ciento para administración y control, y el resto va a los productores para planes de conservación y de manejo.
Una salida sería que la Provincia aporte recursos exclusivamente para planes de conservación, que son los únicos que se pueden hacer en rojo (y cuya superficie es la que se encuentra en el centro de la discusión), hasta tanto la Nación cumpla con su obligación legal, cosa que también debe gestionar la Provincia.
¿De dónde saldrían los recursos? ¿De la creación de un fondo específico equivalente al de los consorcios canaleros? ¿De la ampliación del Fondo del Fuego abonado en las facturas de energía eléctrica? ¿O de un nuevo Fondo de Protección de Cuencas que se abone con la boleta del agua? ¿De rentas generales? Y ¿cómo los sectores que han tenido mayor responsabilidad en la disminución de la cobertura forestal afrontarían una mayor carga?
Se podrían tomar como modelo esquemas de pagos de servicios ambientales ya implementados en diferentes países, como Costa Rica y Colombia.
Del monto conseguido, 70% podría ir a los titulares de planes de conservación; 10% para administración y control, y 20% para mantenimiento y ampliación de áreas naturales protegidas. Así se protegerían los bosques y arbustales con renuevos arbóreos, y sus servicios ambientales.
En términos administrativos, sólo existirá un incremento del número de planes que ya evalúa la Secretaría de Ambiente para aplicar a los fondos nacionales, que hoy cubren 400 mil hectáreas.
En conclusión, desde los puntos de vista ambiental, legal, social e incluso económico, no resulta una opción disminuir la superficie en rojo, sino que una alternativa es compensar de modo adecuado a los titulares de esos bosques y arbustales con emergentes por los servicios ambientales.