Trabajar desde el barrio para evitar la judicialización
Las Casas Abiertas apuntan a un trabajo territorial. A que el Estado regrese a aquellos puntos en los que la realidad duele. A comenzar a reconstruir las biografías de los adolescentes desde allí mismo, desde aquellos barrios en los que emergen los que parecen destinados a ser clientes permanentes de la fabulosa maquinaria penal que existe en la provincia de Córdoba.
Según se indica de manera oficial, esta idea busca aprovechar los vínculos que ya tienen varias organizaciones no gubernamentales en distintas comunidades de la ciudad de Córdoba a través de comedores solidarios, talleres y promoción social.
Además de El Aljibe, en Observatorio, las otras Casas Abiertas funcionan en Bajo Pueyrredón (junto con la Asociación Civil Un Nuevo Comienzo); en Villa Bustos (con La Minga); en 20 de Junio (con el Servicio en Promoción Humana –Serviproh–); en El Sauce (con La Morera); en Villa Aspacia (con Cecopal); en San Ignacio y Villa Urquiza (con el Servicio a la Acción Popular); en Villa Siburu (con el Servicio Habitacional y de Acción Social –Sehas–) y en El Chingolo (asociación civil Casa Macuca).
El objetivo es generar todo un vínculo que permita resolver en el mismo territorio diferentes situaciones de vulnerabilidad, más allá de la problemática penal en particular de algún joven.
Es que en Córdoba más de medio millón de chicos vive en hogares que no satisfacen algunas o varias de las necesidades básicas de consumo: vivienda, transporte, vestimenta y alimentación, entre otras.
Un caldo de cultivo que, si bien lejos está de ser lineal en relación con el delito, muchas veces termina por ser el contexto de quienes luego terminan alojados en el Complejo Esperanza por orden de un juez Penal Juvenil.
En ese sentido, desde la Senaf se apunta a que el objetivo a largo plazo busca articular toda la política pública en torno a los jóvenes que delinquen bajo un concepto socioeducativo, bien alejado de cualquier perfil penitenciario.
Los programas de mediación de conflictos y de penas alternativas son sólo dos de las propuestas que se están implementando con el mismo horizonte: intentar que cada vez sean menos los jóvenes que lleguen a ser alojados en el Complejo Esperanza.
Según apuntó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de la mediación se buscará promover la resolución alternativa de conflictos que involucran a niños y adolescentes.
Sin embargo, hay límites: el adolescente “no debe presentar una problemática grave de consumo de drogas, ni reiterar delitos graves en los dos años inmediatos anteriores al proceso”.
Son propuestas que buscan entender la problemática antes que caer en “soluciones” vacías como el debate por la edad de la inimputabilidad.
En ese punto, la Provincia es
DESDE LA SENAF SE ACLARA QUE DESDE NINGÚN ASPECTO SE DESEA PONER EN DEBATE LA EDAD DE INIMPUTABILIDAD.
clara: no le interesa poner en discusión una baja en ese sentido.
Para aquellos que “egresan”, se busca que se inserten en un programa de tratamiento tutelar que apunta a acompañar a estos jóvenes durante sus primeros pasos de nuevo en libertad.
Las conclusiones oficiales apuntan a que la reincidencia no supera el 10 por ciento en cuanto a aquellos que pasaron por esta experiencia.
Pero se trata, conviene aclarar, de un programa preliminar, que todavía no abarca a todos.
Son patas que de a poco se han ido estructurando con base en el consejo interdisciplinario que ha unido a voces de diferentes ámbitos y que desde hace meses intenta encontrarle la vuelta a una problemática de hoy y mañana: qué hacer con los jóvenes menores de 18 años que caen en el delito.