Por qué Hijos volvió a los escraches
En 1997, se llevó a cabo el primer escrache. Fue a Carlos Capdevilla, un médico militar de la Esma, actualmente condenado a 20 años de prisión. Ese primer escrache estuvo organizado por Abuelas de Plaza de Mayo.
En 1998, se concretó el primer escrache organizado por Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). El primer genocida escrachado fue Carlos Alberto Yanicelli, hoy condenado a cadena perpetua en la megacausa La Perla. Ese mismo año se expresó el repudio del mismo modo a Cristino Nicolaides, represor que murió condenado por delitos de lesa humanidad.
En los años posteriores, se sucedieron escraches a distintos genocidas, como Raúl Eduardo Fierro (murió impune mientras se lo juzgaba por cientos de delitos en la megacausa La Perla), José Herrera y, en fecha más reciente, Yamil Jabour (los dos condenados a cadena perpetua en la megacausa La Perla).
“Debemos tener más de 30 escraches; se hacían unos dos por año. A Luciano Benjamín Menéndez, cada dos o tres años se le hacía uno por ser un símbolo de la dictadura cívico-militar”, estima Raúl González, referente de Hijos Córdoba.
Estos primeros escraches, realizados por la agrupación junto a los distintos organismos de derechos humanos, se daban en un contexto de total impunidad, con las leyes de punto final y obediencia debida aún vigentes. El lema en la década de 1990 era: “Si no hay justicia, hay escrache”. Y la idea principal consistía en que si la Justicia no actuaba, la única condena posible era la condena social.
A partir de 2007, en Córdoba el panorama se modifica. Gracias a la incansable lucha de los organismos de derechos humanos, se empieza a juzgar en nuestra provincia a los primeros responsables de la dictadura cívico-militar. En un camino que no ha sido sencillo, hasta el momento se desarrollaron en Córdoba 10 juicios orales.
El escrache, hoy
Frente al intento de aplicar el sistema de 2x1 al cálculo de la pena para genocidas, y la búsqueda de otorgar el beneficio de las prisiones domiciliarias de manera masiva, regresaron los escraches, para señalar que un genocida suelto es una amenaza para todos.
Porque aún exigimos justicia por Jorge Julio López, desaparecido en 2006 por testimoniar en los juicios; porque se está beneficiando a criminales de lesa humanidad que siguen sin decir qué hicieron con los desaparecidos ni a quiénes entregaron a nuestros hermanos nacidos en cautiverio. Y porque beneficiar a genocidas no tiene nada que ver con solucionar el problema de la superpoblación carcelaria.
Escrachamos para que los vecinos y vecinas de los barrios y localidades en donde haya genocidas conozcan que allí está viviendo un asesino, un violador o un torturador condenado por delitos de lesa humanidad. Es fundamental que la sociedad conozca la cara de los genocidas condenados que gozan de prisión domiciliaria, ya que en muchos casos violan su reclusión y salen a la calle.
Este es uno de los puntos que cuestionan los organismos de derechos humanos: el escaso control que se ejerce sobre las prisiones domiciliarias de los genocidas. Un caso paradigmático y actual en nuestra provincia es el de José Olivieri, represor condenado por delitos de lesa humanidad que cumple su prisión domiciliaria en Oliva y que fue varias veces filmado o fotografiado por vecinos en la calle.
Desde los organismos, conside- ramos como una señal favorable lo ocurrido con Miguel Etchecolatz, cuya prisión domiciliaria fue revisada gracias a las múltiples y masivas expresiones de repudio.
El fallo de la Cámara de Casación destaca que puede recibir la atención médica que necesita en una unidad penitenciaria. Además, los jueces recuerdan que en 2006 ya le habían revocado la prisión domiciliaria porque tenía armas en la casa.
Esto demuestra, por un lado, que no todos los represores que van a sus casas lo hacen por problemas de salud que no puedan tratar en una unidad penitenciaria. No por el solo hecho de tener más de 70 años los condenados por delitos contra la humanidad tienen que gozar de ese beneficio.
Por otro lado, está la peligrosidad que representa tener a un genocida como vecino. Etchecolatz, por ejemplo, está implicado en la desaparición de Jorge Julio López en 2006.
También podemos señalar alta peligrosidad en el caso de Luis Gustavo Diedrichs, personal de Inteligencia durante la dictadura, encargado de confeccionar las listas negras y jefe de la sección a cargo de los centros clandestinos de detención.
Diedrichs, condenado a cadena perpetua en la megacausa La Perla por cientos de delitos, está cumpliendo su condena en San Javier, en el valle de Traslasierra. En repudio a esta situación, gran parte de la comunidad del valle se manifestó en contra de su presencia en el pueblo.
REGRESARON LOS ESCRACHES, PARA SEÑALAR QUE UN GENOCIDA SUELTO ES UNA AMENAZA PARA TODOS.
* Miembros de la agrupación Hijos