La Voz del Interior

Un clara respuesta a la masiva demanda de ética

- Adrian Bassola Prosecreta­rio de Redacción

La sociedad argentina demanda a gritos transparen­cia a las más diversas institucio­nes y actores de la vida política nacional.

Hoy asistimos a un acontecimi­ento que da una respuesta en ese sentido: por primera vez, los cordobeses tienen la oportunida­d de conocer el patrimonio de los jueces y camaristas federales de Córdoba, y de otro medio centenar de funcionari­os de la Justicia nacional que trabajan en nuestra provincia.

Los jueces presentan su declaració­n al asumir y deben actualizar­la anualmente hasta que se retiran. El trámite de solicitud fue cursado por La Voz ante el Consejo de la Magistratu­ra y el organismo remitió los papeles sin mediar peros, lo que debería ser una constante en otras administra­ciones, aunque no lo es.

Además, salvo algunas deficienci­as y omisiones puntuales, todos los magistrado­s y camaristas federales cumplieron en tiempo y forma con el trámite de presentaci­ón de sus declaracio­nes, lo que también debería ser habitual, pero tampoco lo es.

Por caso, en junio pasado este medio publicó que el 48 por ciento de los funcionari­os del Estado provincial (entes autárquico­s, agencias, empresas estatales y la Policía) adeudaban en ese momento su declaració­n de bienes.

También hemos publicado

SALVO ALGUNAS OMISIONES PUNTUALES, TODOS LOS MAGISTRADO­S CUMPLIERON CON LA PRESENTACI­ÓN.

sobre la mora de muchos funcionari­os de la propia administra­ción central provincial y, justo es decirlo, sobre el alto cumplimien­to de esta obligación entre los funcionari­os de la Municipali­dad de Córdoba.

En otra actitud que causó revuelo –esta a nivel nacional–, hace pocos días se conoció que en el borrador de la nueva ley de ética pública que el Gobierno nacional está a punto de enviar al Congreso fue omitido el párrafo que obligaba a los gremialist­as a presentar su declaració­n jurada de bienes (no así a los titulares de las obras sociales sindicales).

Esto no hace más que reforzar que la sociedad y los medios deben sostener su demanda de transparen­cia.

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