Puja legal por las nenas venidas de Nueva Zelanda
La madre de las niñas de Carlos Paz, acusada de haber sacado a sus hijas de Oceanía sin autorización del padre, dijo que tenía permiso. Un juez le ordenó restituir a sus hijas, pero ella presentó un recurso de apelación, el cual no fue respondido por el p
Una verdadera batalla legal se está llevando adelante en el caso de la mujer cordobesa a la que la justicia neocelandesa le ordenó regresar a aquel país a sus dos hijas, dado que las habría sacado sin autorización del padre. Desde Córdoba, la mujer alega tener permiso.
“Tengo un permiso vigente para que mis hijas puedan salir del país y mi exmarido sabía desde enero que me volvería a la Argentina con ellas. Tengo todas las conversaciones de WhatsApp guardadas, aunque aquí eso no constituye una prueba”.
De esta manera explica J. (27 años) su versión sobre el regreso a Carlos Paz desde Nueva Zelanda, el pasado 4 de abril, con sus dos hijas de 7 y 4 años, cuyo padre G. (39) solicita sean restituidas al país oceánico, argumentando que su traslado no fue autorizado.
La noticia se conoció esta semana cuando Andrés Olcese, juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 1ª Nominación de la villa serrana, ordenó la inmediata restitución internacional de las nenas cordobesas.
El pedido fue realizado por el papá de las pequeñas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, con fundamento en que el traslado había sido ilícito.
Olcese argumentó que Argentina como Estado contratante del “Convenio sobre los Aspectos Civiles y Sustracción Internacional de Menores” se comprometió a asegurar la inmediata restitución de las niñas y a velar para que los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los Estados se respeten en los demás.
El magistrado plantea, entre otras cosas, que las niñas tenían su centro de vida en aquel país, donde estaban escolarizadas y sus padres trabajaban.
La abogada de la madre, Verónica Della Siega, asegura que el juez comete un error al considerar que el centro de vida era Nueva Zelanda, ya que la residencia allí era temporal hasta que se venciera la visa de trabajo (lo que ocurrió en julio pasado). Las nenas pasaron en aquel país 16 meses.
Por otra parte, la defensa remarca que J. sufrió violencia familiar por parte de su exmarido, con lo cual las pequeñas corren riesgo si quedan al cuidado de su padre. No hay denuncias de estos hechos en Nueva Zelanda, aunque sí relatos de testigos.
“Las nenas contaron frente a la psicóloga del tribunal, el equipo técnico y el perito de parte, que vieron la patada del padre en la cabeza de la madre, la mamá sangrando y tirada en el piso”, contó Della Siega.
En la sentencia, con fecha del 22 de octubre pasado, consta que las niñas relataron haber sido testigos de violencia contra su madre. No obstante, el documento legal indica, entre otras cosas, que al no tener la palabra del padre no se pueden realizar hipótesis sobre sus posibles tendencias “agresivas e impulsivas”.
La versión de la madre
“Llegué a la Argentina el 4 de abril, después de separarme. La idea de mi exmarido era venir en julio, se quería volver. En junio recibí el pedido de mediación, porque la abuela quería ver a las nenas. Y accedimos. A mediados de agosto llegó el pedido de restitución. Nunca se impidió el contacto del papá con las nenas”, cuenta J. Las niñas –sostiene– se comunican con él vía Skype desde la casa de la abuela paterna.
En enero de 2017, J. fue la primera en irse a Nueva Zelanda a trabajar; su expareja lo hizo después. En aquel país tenían una visa de empleo y las niñas, un permiso de permanencia. Ella trabajaba en una fábrica de leche en polvo y él, en una granja.
“La visa expiró, no tengo visa y las niñas tampoco. El, en teoría, venía en julio, pero decidió renovar la visa. Vine en abril por motivos de violencia; varios tipos de violencia”, cuenta J. Y agrega: “Se dice que yo las saqué del país sin el consentimiento de él. Tengo mensajes de enero, diciendo que me volvía y otros mensajes de él diciendo que había renunciado al trabajo y que en julio se volvía”.
J. insiste en que no rompió la ley, que regresó a su país con el permiso de circulación firmado por ambos progenitores frente a escribano público para moverse por todo el mundo hasta la mayoría de edad de las pequeñas.
Por su parte, el fallo del magistrado indica que pese al permiso de circulación, uno de los padres no puede “trasladarse de manera subrepticia” con las niñas sin la autorización del otro.
“Atacamos dos puntos del fallo: la arbitrariedad y la incongruencia. El juez no menciona lo más importante: que las niñas deben permanecer en el lugar donde vivieron la mayor parte de su vida. Las niñas se fueron de acá con 5 años y medio y 3 y vivieron allá 16 meses”, explica la letrada. Y agrega que la familia se marchó a Nueva Zelanda de manera temporal a “hacer una diferencia” económica para regresar cuando la nena mayor ingresara a primer grado en Carlos Paz.
Por otra parte, la abogada indica que el magistrado obliga a llevar a la niñas al cuidado de un papá “probadamente violento con tendencias suicidas”, afirmaciones que –sostiene– se acreditan en el expediente.
En relación con el argumento de que las niñas fueron trasladadas de manera ilícita, el magistrado se basa en una orden de un Tribunal de Familia de Ashburton, con fecha del 6 de marzo, en la que la Corte neozelandesa indica que la madre no debe sustraer a las niñas de su residencia en aquel país sin autorización de la Justicia o del padre.
Sobre este punto, la abogada de J. manifiesta que su clienta recibió dicha notificación el 5 de abril, un día después de su llegada a la Argentina, cuando las niñas ya no estaban en Nueva Zelanda.
Los próximos pasos El 24 de octubre, J. apeló el fallo del juez. Pero el documento legal no fue respondido por la otra parte, según indicó Della Siega.
“El padre dejó vencer el plazo y no respondió a la apelación. Ya pedimos que se certifique esta situación. Por dejar caer el plazo, debería caer la sentencia y las nenas, quedarse con su madre. En cualquier lugar con un Estado presente que nos trate igual a nosotros, abogados de a pie, contra abogados del Estado, debería caer”, aseguró Della Siega.
De cualquier modo, si la sentencia no cae, la causa será elevada al Tribunal Superior, que tiene 15 días hábiles para decidir. Si el fallo es contrario a J., la madre apelará a la Corte Suprema.
En el caso de que el Tribunal Superior confirme el fallo y lo mismo ocurra en la Corte Suprema, la madre no puede oponerse a que las nenas sean restituidas.
El magistrado plantea que no sólo se debe garantizar el regreso, sino que debe ser “seguro”. Por ello, le impuso a la madre que adopte las medidas necesarias para acompañar el retorno de las nenas, con el fin de evitar el desarraigo.
J. anticipó que si finalmente no se resuelve a su favor, viajará con sus hijas, con todos los gastos y garantías de permanencia en el extranjero por parte del Estado.
“Lo que están viviendo mis hijas no es nada lindo. Mi exsuegra les dice ‘las voy a extrañar’ y luego ellas se largan a llorar y me dicen ‘no me quiero ir’”, concluye J.
“EL PADRE DEJÓ VENCER EL PLAZO Y NO RESPONDIÓ A LA APELACIÓN. DEBERÍA CAER LA SENTENCIA”, DICE LA ABOGADA.