Denuncian ‘vaciamiento’ del Gobierno en la mina de carbón de río turbio
El Gobierno enfrenta un conflicto con la mina de carbón de Río Turbio en Santa Cruz. Es el mismo yacimiento que fue noticia producto de escándalos de corrupción en la era K que complican al ex ministro Julio De Vido. Río Turbio lleva paralizada más de diez días porque sus trabajadores denuncian que hay un “vaciamiento” por parte de la intervención de Cambiemos junto a un intento de “privatización”.
El Ministerio de Energía niega cualquier vaciamiento y asegura que detrás de la toma hay intereses políticos. Acusan al kirchnerismo de motorizar la protesta y poner en riesgo las instalaciones. De hecho, llevó el tema a la Justicia con el objetivo de lograr el desalojo, pero hasta ahora no lo consiguió.
Adonis Rojas, delegado de ATE, dijo a PERFIL que la toma que están llevando a cabo obedece a más de ochenta despidos en los últimos meses y a la apertura de retiros volunta- rios que tienen como fondo el interés del gobierno nacional de entregar la mina de carbón a empresas privadas.
“De la mina depende todo un pueblo. En Río Turbio no hay otra cosa. Viven treinta mil personas”, explicó Adonis a este diario. Esta semana, los trabajadores hicieron una protesta en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires y se reunieron con organizaciones sociales en busca de apoyo. “Nos quisimos reunir varias veces con la intervención y no lo conseguimos”, se quejó el delegado.
Río Turbio es el principal proveedor de energía para la usina termoeléctrica que, cuando esté terminada, servirá para abastecer al sistema interconectado nacional. Se trata de uno de los yacimientos carboníferos más importantes en Latinoamérica. Pero en el gobierno nacional sostienen que siempre estuvo mal manejada y que es por eso que vende muy poco de lo que produce y ahora está paralizada.
La mina tiene casi tres mil empleados, entre administrativos y operarios. Este año hubo despidos en la delegación de Buenos Aires y los trabajadores se pusieron en alerta porque en 2016, cuando la intervención quedó en manos de la nueva gestión, denunciaron más de 830 despidos. Por ahora, la resolución del conflicto no parece estar a la vista y no hay contacto entre las partes.