El Gobierno avanza en un plan alimentario
La iniciativa, para 2018, es parte de las últimas concesiones del oficialismo a los movimientos sociales. Incluiría mayor variedad de alimentos y mapa de zonas con casos de malnutrición.
El Gobierno está cerca de llegar a otro punto de acuerdo con las organizaciones sociales. Después de algunas fricciones y una reunión cancelada a último momento, el macrismo empezó a mostrar su cara más amable hacia los grupos piqueteros. La semana pasada cedió ante los reclamos respecto a la aplicación de la Ley de Emergencia Social, y por estos días avanza en una negociación para desarrollar un Plan de Seguridad Alimentaria.
En caso de cerrar la letra fina (las mesas de diálogo aún no empezaron formalmente), el programa se desarrollaría a partir de 2018. Previamente, el oficialismo ensayaría una prueba piloto en algún municipio del conurbano bonaerense.
Según el planteo macrista, la iniciativa debería incluir: una mayor variedad de alimentos para merenderos y comedores (verduras y frutas); un mapa con detalles de las zonas con situaciones de malnutrición; y hasta la difusión de clases de cocina. El tironeo entre las orgas y el Gobierno pasa, una vez más, por el presupuesto y el nivel de visibilidad que se le pretende dar al nuevo plan.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ya habilitó una ronda de encuentros entre funcionarios y dirigentes sociales. Antes, descartó dos posibilidades: que se sancione como una ley específica (lo que le daría mayor entidad) y que haga foco en el problema del hambre. Los operadores de la ministra contraofertaron hacer énfasis en los casos de malnutrición. El cambio de eje permite una presentación pública menos dramática del tema.
Así, al desechar la vía legislativa, quedaron casi sin chances algunos proyectos. Por ejemplo, la “Ley de Emergencia Social Alimentaria”, ideada por el bloque de Diputados del Movimiento Evita, cercano a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El colectivo Barrios de Pie, brazo territorial de Libres del Sur, también pretendía que se votara en el Congreso. Por estas horas, los militantes de Barrios están definiendo los detalles de su propio plan: su objetivo es que el Estado, con la ayuda de las organizaciones y la Iglesia, detecte y asista a menores de 16 años malnutridos. Stanley ya designó a su subsecretaria de Políticas Alimentarias, Ana Volpato, para estar a cargo del nuevo programa. En los próximos días, el viceministro de Desarrollo, Carlos Pedrini, se reunirá con los representantes de las organizaciones para continuar con las negociaciones.
A la fecha, Desarrollo Social invierte unos 300 millones de pesos por mes en los merenderos de todo el país. Y paga a los comedores casi 13 pesos por cada menú, a cambio de los tickets de compras y el listado de los beneficiarios. Si bien el plan alimentario no tendrá rango de ley, tal como querían los dirigentes sociales, cerca de Stanley prometen una suba sensible de recursos para 2018.
De concretarse, Desarrollo Social se consolidará como uno de los ministerios más poderosos y beneficiados. Actualmente, representa el tercer presupuesto de la Nación. Y en 2017 aumentó un 27%, sin contar el plus ganado (30 mil millones de pesos, desde 2017 a 2019) a partir de la Ley de Emergencia Social.