Servicios públicos con bono máximo por gestión suben de 35% a 98% tras apelación
El Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) otorga incentivos monetarios según el grado de cumplimiento institucional. Proceso incluye evaluación inicial externa y posterior reclamo de servicios. En 2015 diferencia entre ambas fue la más alta desde 20
Un elevado cumplimiento de sus objetivos de gestión reportan las instituciones públicas del país. Así consta en los resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2015, informados por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Según el documento, en los últimos tres años casi la totalidad de los servicios del Estado cumple con el 90% o más de sus objetivos en esta materia.
Desde 1998, los PMG otorgan incentivos monetarios a los servicios públicos que cumplen con éxito indicadores de gestión como seguridad de la información, acceso a informacxión pública, equidad de género, gobierno electrónico, compras públicas y descentralización, entre otros. El proceso de evaluación considera tres etapas: validación técnica de entidad externa; reclamación de jefes de servicio por errores o aclaraciones a esta evaluación; y reclamaciones efectuadas por el ministro de la cartera a que corresponde la institución.
Actualmente, el incentivo monetario alcanza al 7,6% de las remuneraciones de los funcionarios cuando se alcanza un grado de cumplimiento anual igual o superior al 90%. Ese incentivo se reduce a la mitad (3,8%), si el grado de cumpliento es inferior a 90% y es cero si el cumplimiento es menor a 75%.
En los últimos cinco años, el Fisco desembolsó $ 393 mil millones en este beneficio, equivalente a unos US$ 590 millones. El año pasado se pagaron $ 75 mil millones (US$ 112 millones).
Proceso
La versión del PMG en 2015 analizó 127 servicios públicos y a cerca de 98.077 funcionarios de planta y contrata. Como resultado final, el 98% de las instituciones logró obtener el máximo incentivo monetario por cumplimiento y el restante 2% se adjudicó la mitad.
Sin embargo, de acuerdo a la evaluación técnica inicial realizada por el organismo externo, procedimiento que se incorporó en 2003, sólo el 35% -45 de las 127 institucioneshabía alcanzado una calificación necesaria para acceder al 100% del bono. Ese porcentaje subió a 84% tras la primera reclamación y posteriormente a 98% luego de las apelaciones encabezadas por los titulares de cada cartera. Se trata del mayor incremento, de 63 puntos porcentuales, entre la primera y última etapa del proceso en trece años.
Los PMG contemplan el establecimiento de un comité triministerial integrado por los titulares de Hacienda, Interior y Secretaria General de la Presidencia. Este es el encargado de aprobar y evaluar los compromisos, metas y objetivos concretos con los que se mide el cumplimiento de los objetivos de gestión. Ese comité es asesorado a su vez por un comité técnico conformado por los subsecretarios de estas carteras y presidido por el director de Presupuestos, Sergio Granados.
Según explican en la Dipres, la Secretaría técnica “debe coordinar todas las actividades asociadas a la administración del incentivo, gestionar los procesos de formulación y evaluación del PMG”, explica la Dipres.
Diferencias
El año pasado, la entidad a cargo de la evaluación externa fue el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, a cargo de Francisca Vidal, directora de estudios, y Carlos Castro, director ejecutivo.
Según explican desde la casa de estudios, la diferencia entre la evaluación inicial y la última se debe a que “se introdujo un objetivo de gestión que tenía medios de verificación más complejos y nuevos para los servicios (...) adicionalmente, en la primera revisión, existe una tendencia a que la presentación de documentos contenga imprecisiones, ya que los servicios saben que pueden apelar, generando ineficiencias en el proceso”.
Sobre este tema, Vidal y Castro recalcan en todo caso que la primera fase es una validación estrictamente documental. “No hay un trabajo de terreno ni contacto con los Servicios Públicos (...) en simple, se revisa que los medios de verificación estén completos y den cuenta de los valores que los servicios reportan haber cumplido, pero no hay un juicio respecto a la calidad, eficacia, eficiencia, resultado o impacto que tuvo el cumplimiento de aquel compromiso de gestión. Tampoco se pretende evaluar la calidad de los indicadores seleccionados por los servicios, mucho menos la calidad de la gestión de estos”.
Respecto a la forma de evaluación, los académicos de la U. de Chile plantean que “el país debiera avanzar hacia evaluaciones más integrales de la gestión pública de sus servicios que se orienten al valor público generado a sus usuarios y a la ciudadanía en general, y no sólo a un rito procedimental como ocurre en la actualidad”.