Políticas públicas y violencia hacia la mujer Las cifras de agresiones graves y maltratos son elevadas, pero aun así esta realidad no parece estar en el centro del debate público.
LAS CIFRAS sobre violencia de género en el país desnudan una realidad que no siempre es evidente para el común de la ciudadanía. Aun cuando se han dado pasos significativos para disminuir este flagelo -ya sea por la vía de la prevención o por la creación de figuras penales específicas, como el caso del femicidio-, sigue siendo una realidad que afecta dramáticamente a decenas de miles de mujeres a lo largo del país, lo que hace indispensable que las políticas públicas que buscan resguardarlas -como también prevenir y sancionar el maltrato infantil, otra realidad de cruda actualidad en Chile- sean especialmente activas.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud que fueron recogidos por este medio, alrededor de 24 mil mujeres asisten a centros de salud por motivos de agresiones; casi 9 mil de ellas lo hace por violencia intrafamiliar, y dentro de este subgrupo, más de 5 mil dicen haber sido agredidas por su expareja. Estas cifras van en consonancia con otras estadísticas que dan cuenta de la violencia de género. Ello es especialmente notorio en materia de femicidios -hasta junio de este año se habían registrado 24 casos, mientras que en 2015 se contabilizaron 34 víctimas, en tanto el 2014 hubo 45 mujeres asesinadas-, lo que es consistente con el hecho de que más del 80% de los casos de violencia intrafamiliar afectan a la mujer.
Las cifras que aporta el Minsal son apenas una fracción del cuadro general de violencia. Los antecedentes del Boletín Estadístico del Ministerio Público dan cuenta de que en 2016 se registraron más de 127 mil delitos por violencia intrafamiliar, donde el 47% correspondió a lesiones, mientras que las amenazas explican el 37%. El maltrato habitual representó casi el 10%.
Las estadísticas bien pueden no reflejar en toda su magnitud el problema, ya que de acuerdo con otras investigaciones apenas el 12% de las mujeres denuncia los maltratos. Los factores que inciden en este bajo porcentaje pueden ser múltiples -probablemente el miedo a sufrir represalias por parte del agresor es la causa más incidente-, pero también es factible que las mujeres víctimas aún vean una institucionalidad no suficientemente robusta y confiable para hacerse cargo de sus denuncias y dictar medidas cautelares efectivas. Puesto que en este ámbito inciden las policías, el Ministerio Público y los tribunales, una actuación preventiva no siempre cuenta con la celeridad del caso, lo que hace necesario revisar los actuales protocoles procesales y los mecanismos para establecer denuncias.
Resulta llamativo que cuando en el país se debate acerca de las cifras sobre delincuencia, escasa vez la violencia en contra de la mujer aparece como uno de los temas relevantes. Las estadísticas oficiales ponen énfasis en la victimización de hogares y aquellos delitos de mayor connotación pública, los que si bien han experimentado disminuciones -un avance en todo caso insuficiente para los estándares de seguridad que anhela la sociedad-, no se observa la misma pendiente en el caso de los delitos de violencia intrafamiliar. Al ser Chile uno de los cuatro países con mayor tasa de femicidio en la región, y con niveles de maltrato infantil que lamentablemente siguen siendo elevados, esta realidad debe ser motivo de mayor atención.