RN y UDI piden fijar en 70 años edad para conmutación de penas
Partidos han solicitado a La Moneda que el proyecto de ley humanitaria, que aún no ha sido presentado, se ajuste a las normas internacionales, pese a que el gobierno ha transmitido un piso mayor para optar a ese beneficio.
En más de una oportunidad, durante los comités políticos ampliados que se realizan los lunes en La Moneda, el presidente de RN, Mario Desbordes, y su par de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, han pedido al gobierno que ingrese prontamente al Congreso el proyecto de “ley humanitaria”.
La iniciativa, que está en el programa de gobierno del Presidente Piñera, busca normar la conmutación de penas a condenados a prisión efectiva -ya sea para los que hayan cometido delitos comunes o de lesa humanidad- que padezcan enfermedades graves, terminales o que hayan alcanzado una edad avanzada.
En este contexto, y en medio de la tramitación de la iniciativa sobre libertades condicionales -cuyos requisitos han sido cuestionados por la UDI y sectores de RN-, la solicitud de los timoneles oficialistas no ha sido la única. En las reuniones del comité político también han pedido que en el proyecto se fije en 70 años la edad para acceder a la conmutación de penas.
“No sabemos exactamente cómo viene el proyecto del gobierno, pero en la materia hay varios proyectos presentados. Uno de ellos es el de Juan Bustos (fallecido diputado socialista), que fija la edad en 70 años. De hecho, es el promedio de la Ocde”, dijo Desbordes a La Tercera, añadiendo que, “además, los tratados internacionales fijan la edad del adulto mayor en 65”. En ese sentido, el líder de RN insistió en que “nosotros y varios parlamentarios esperamos que esto se ingrese dentro de este año legislativo”.
En la misma línea, la senadora Van Rysselberghe sostuvo que, “en general, el derecho internacional habla incluso menos de 70 años, habla de 65 años”. Y agregó: “Lo que le hemos planteado al gobierno es que acá hay un proyecto que estaba en la Comisión de Constitución de la Cámara y que, posteriormente, fue reingresado por nosotros en el Senado, hace poco más de un año. Y si hay un proyecto de Juan Bustos que plantea esto mismo, que es muy bueno, que estaba firmado por distintos personeros de la entonces Concertación, no vemos por qué habría que plantear una edad distinta”.
El proyecto de Juan Bustos data de 2004, y fue reingresado por Van Rysselberghe y su par Iván Moreira en noviembre de 2017. Y plantea que “el condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución fundada del juez competente cuando mediare solicitud de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que lo justifique”.
La petición de los partidos oficialistas no es al azar. En el gobierno han transmitido que la propuesta se fija desde los 80 años. Incluso, según han comentado en Justicia, el proyecto, cuya redacción estuvo a cargo de esa cartera, no sería muy distinto a la indicación que ingresó el Ejecutivo en el marco del debate sobre libertades condicionales.
Esa enmienda, que fue rechazada por esa instancia y quedó fuera de la normativa, planteaba que podrían acceder a ese beneficio aquellas personas diagnosticadas con una enfermedad en fase terminal, las que tengan un “menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa”, y aquellas de 80 años o más que hubiesen cumplido la mitad de su condena, “con excepción de aquellos condenados a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, las que tendrán que haber cumplido 20 o 40 años de privación de libertad efectiva, respectivamente”.
Al defender su indicación, el ministro Hernán Larraín explicó a los parlamentarios que habían optado -a diferencia del promedio de edad establecido por otros países- por fijar la edad en 80 años. Esto, contrarrestando el argumento que se planteó en la comisión de que la medida pudiese implicar una suerte de “impunidad”, por ejemplo, en casos de condenados por delitos de lesa humanidad.
En este escenario, en el gobierno insisten en que la iniciativa está sin fecha de ingreso al Congreso. La Moneda ha optado por aplazar el envío debido a distintas razones, entre ellas, la acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema y la tramitación del proyecto de libertades condicionales. Esto, porque se podía ver como una señal en favor de los condenados por violaciones a los DD.HH.
De todas formas, en La Moneda no descartan que el proyecto se ingrese antes que termine el actual período legislativo (en enero) y que, incluso, se pueda utilizar como una forma -dicen“de netear” si es que se aprueba el proyecto de libertades condicionales.
A diferencia de lo planteado por la UDI y RN, desde Evópoli, el jefe de bancada, Luciano Cruz-Coke, aseguró que el tema de la edad “es debatible”, señalando que “dados los avances médicos, estimo que 70 años es aún joven, por lo que el límite a establecer es un asunto más discutible”.b