“La tarifa dispar no se ve viable políticamente”
El exsuperintendente afirma que la falta de un precio único para los afiliados entorpecería la tramitación.
El exsuperintendente de Salud y quien presidió la primera comisión de expertos convocada por el Presidente Piñera en 2010 para reformar el sistema de isapres, ha seguido de cerca los avances del proyecto. El académico y director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello respalda parte de las propuestas, pero advierte algunos puntos que podrían entrampar el debate legislativo, en razón de lo sucedido con la frustrada primera reforma a las aseguradoras.
¿Qué le parecen, en líneas generales, las propuestas del gobierno?
Creo que muchos de los anuncios que hace el Presidente están en la línea correcta, como la existencia de un plan universal, aunque hay que precisar la estructura. Ahí es importante transformar el modelo actual, en base a prestaciones, a uno basado en soluciones integrales en salud, porque el actual genera una profunda escasez de médicos especialistas y un creciente aumento de los costos. Cuando se trabaja en base a soluciones, los prestadores están obligados a ser más eficientes en el uso de los recursos.
¿Qué le parece que haya una tarifa variable?
Ya ha habido dictámenes contundentes en términos de que no haya discriminación alguna por edad y sexo. Si el proyecto crea un fondo de compensación de riesgo, como se ha dicho, no se justifica que existan primas ajustada por riesgo. Hay que recordar que en el primer gobierno de Piñera se impulsó un plan garantizado que iba a ser con prima planas, pero en el momento en que el gobierno presentó tres tarifas, murió el acuerdo. No se pudo reforzar el sistema. Actualmente, no solo la sociedad, sino también el mundo parlamentario no están disponibles a que les cobren más a mujeres que a hombres o a ciertos grupos de edad. Así, una tarifa dispar no se ve viable políticamente.
¿Que otros puntos podrían ser complejos?
La transición, que parece no estar plenamente definida, debe estar asociada con una modernización de Fonasa, que se haga cargo del traspaso de la cartera que podría migrar al sector privado. Esta fase va a depender del nivel de la reforma a las isapres, si es profunda e implica cambios en la relación con los prestadores y en Fonasa, hay que pensar en no menos de tres a cinco años. Otro aspecto pendiente es resolver qué pasará con las licencias médicas, cómo se financiarán y quién las gestionará.b