Dos carabineros y un médico eran parte de banda que traficaba armas
Agrupación buscaba a personas sin antecedentes para que estas inscribieran el armamento a su nombre.
Una de las funciones de la 23ª Comisaría de Carabineros de Talagante es la fiscalización de las armas de fuego. Sin embargo, efectivos policiales que trabajaban en este recinto se dedicaban a todo lo contrario: introducir pistolas, revólveres y escopetas en el mercado ilegal, para que estos pertrechos sean adquiridos por delincuentes.
Estos efectivos eran parte de una banda dedicada al tráfico de armas de fuego y que ayer fue formalizada. Este hecho ocurre a una semana de que seis carabineros de la Sexta Comisaría de Recoleta fueran detenidos por ayudar a bandas dedicadas a realizar asaltos.
En esta nueva indagatoria, los funcionarios Fernando Alvial y Marco Garrido, además de ser dados de baja por la institución, fueron puestos a disposición de la justicia junto a otras 29 personas, las cuales fueron formalizadas por el fiscal Occidente, Heriberto Reyes, quien los indaga por infracción a la ley de armas. Entre el resto de los involucrados, además, está un siquiatra encargado de certificar la inscripción de los armamentos.
Según expuso el Ministerio Público, Marcelo Catalán sería el encargado de contactar a personas sin antecedentes penales, con el objetivo de adquirir armas y posteriormente registrarlas a sus nombres. Esto, a cambio de diferentes sumas de dinero, que fluctuaban entre los $ 160 mil y los $ 60 mil. Se trató de 21 personas facilitadoras, quienes tras cerrar el trato con Cataldo, acudían hasta la unidad fiscalizadora de Carabineros en Talagante. Allí eran atendidos por el uniformado Fernando Alvial, quien les tomaba pruebas de conocimiento, aunque era él quien respondía las preguntas y, además, les daba dinero para que pagaran la inscripción.
Terminado este paso, acudían donde el médico siquiatra Alberto Martínez, el que les realizaba un test. Sin embargo, estos nunca accedían al certificado, el que era entregado por el profesional a Catalán. Este solo daría a los intermediarios los padrones de las armas y les solicitaba que presentaran una denuncia ante Carabineros por el robo o extravío de estas.
Las indagatorias acreditaron que ninguna de las 21 personas poseían en su poder las armas registradas. Según indicaron, todas ellas habrían ido a parar a Cataldo, quien, a su vez, entregó a Yimmy Lastra y Patricio Concha. Con el tiempo, cada uno de los facilitadores fue contactado por las policías, dado que el armamento a su nombre había sido utilizado en algún ilícito.
En los 33 allanamientos realizados por la PDI, además, se corroboró que en uno de los domicilios existían 43 armas inscritas a nombre de cuatro personas, aunque ninguna se encontraba en poder de estas. Se trata, en total, de 118 armas, entre ellas, 29 pistolas Glock, 11 Taurus, una C2 y una Beretta.
El subprefecto de la PDI Alejandro Mena señaló que “una de las armas fue utilizada en un homicidio en 2016 en Rancagua; entonces tenemos antecedentes concretos de que estas armas están en poder de delincuentes”.
Para el ministro del Interior, Andrés Chadwick, “lo que ha sucedido en la Comisaría de Talagante y en sus dependencias destinadas al control de armas, nuevamente es inaceptable y condenable”.
El Juzgado de Garantía de Talagante consideró ilegal la detención de una parte de los 31 imputados, al estimar que el plazo de aprehensión superó las 24 horas legales y que se incluyó la declaración de los formalizados como testigos, sin compañía de sus abogados. El fiscal pidió prisión preventiva para 7 de los imputados y arraigo nacional y firma semanal para el resto. ●