AULA SEGURA

SEÑOR DIRECTOR

Estamos ad portas de la aprobación de una ley que castigaría hechos violentos graves ocurridos en o fuera de recintos escolares, agilizando la expulsión de los estudiantes comprometidos como forma de enfrentar esa violencia.

No es difícil inferir que este es un modo “inmediatista” de resolver problemas complejos, los que desde hace tiempo ocurren en muchos otros países. Tenemos dos leyes que responden a lo inmediato de estos actos, y queremos agregar otra más. Y, cuando vuelvan a ocurrir, porque no habremos enfrentado los problemas de fondo, ¿se aprobará una nueva ley?

Algunos años atrás hice un estudio sobre programas de prevención de violencia escolar en países de América Latina. Visité los lugares y revisé estudios especializados y no encontré evidencia de que la solución del problema descansara en la “eliminación” de los culpables. Al contrario, estos programas descansaban en la formación y apoyo tanto a esos “culpables” como a las familias y comunidades escolares.

Sin duda, para los contextos donde la violencia era iniciada por situaciones externas a la escuela, como la gueri- lla en Medellín, los problemas debían enfrentarse en el marco de leyes e instrumentos apropiados. Pero, en las situaciones en que la violencia era iniciada por estudiantes en recintos escolares o fuera de ellos, ésta se controló suscitando en esos mismos contextos escolares la discusión, el apoyo y el estímulo a la realización de actividades que descargaran en forma positiva la energía y/o que contribuyeran a redefinir los problemas que llevaban a actos violentos.

No necesitamos más leyes operando como “tranquilizantes momentáneos”, sino un esfuerzo mancomunado de las comunidades escolares, hayan o no sufrido problemas de violencia, en torno a construir o reconstruir climas educativos propicios. Beatrice Ávalos CIAE, U. de Chile