INVESTIGACIÓN POR LUMINARIAS EN RECOLETA

Al margen de lo que resuelva la justicia respecto a presuntos pagos irregulares, la donación que la empresa cuestionada hizo al municipio por petición de éste constituye un evidente conflicto de interés.

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La investigación que lleva a cabo la Fiscalía en la comuna de Recoleta para determinar si hubo hechos irregulares entre la empresa Itelecom -que ganó la licitación para el recambio y mantención de las luminarias, contrato que se extiende por un plazo de diez años- y el municipio ha generado un fuerte revuelo, considerando que el alcalde del Partido Comunista figura entre los posibles candidatos presidenciales para la contienda de noviembre. El caso se ve además potenciado por el hecho de que Itelecom se encuentra investigada en distintos municipios por presuntos pagos ilícitos para adjudicarse el cambio de luminarias, producto de lo cual su gerente general pugna prisión preventiva.

Los detalles de la investigación en Recoleta, así como la existencia de unos audios captados por medio de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente -en donde quien oficiaba como abogado del alcalde y el gerente general de Itelecom dan a entender una posible triangulación de fondos, de lo cual el alcalde niega tener conocimiento-, constituyen antecedentes preocupantes que deben ser esclarecidos en su totalidad, sin perjuicio de que tanto al alcalde como a su exabogado los ampara el principio de presunción de inocencia, y no han sido formalizados.

Pero más allá de los alcances judiciales del caso en Recoleta, un aspecto sobre el que cabe llamar especialmente la atención es la donación por $ 50 millones que Itelecom hizo a la corporación cultural del municipio con el propósito de financiar un festival cultural. Dicha gestión tuvo lugar por una petición directa del alcalde a la empresa, la que hizo llegar a su gerente general a través de su exabogado, aprovechando la cercanía que éste tenía con el ejecutivo, pues le había llevado algunas causas personales.

El alcalde ha defendido la pertinencia de esta solicitud, pues en su opinión las empresas que operan en el territorio comunal deben contribuir a su bienestar en el marco de la responsabilidad social empresarial. Además, señala que la donación cumplió todas las formalidades que exige la ley, por lo que no hay nada turbio o irregular.

Aun cuando dicha donación esté ajustada a la ley y su destino persiga fines loables como la promoción de la cultura, sorprende que ni el alcalde ni sus principales asesores hayan dimensionado los potenciales riesgos y conflictos de interés que conllevan este tipo de actuaciones. Tratándose de una empresa que gestiona un contrato por más de $ 10 mil millones en virtud de una licitación que depende del propio municipio, en los hechos existen poderosos incentivos para que la compañía acceda a estos requerimientos, pues podría temer que una negativa genere roces o desavenencias que puedan poner en riesgo la continuidad del contrato. A su vez, esto también podría comprometer la capacidad de fiscalización del municipio, todo lo cual en sí mismo ya resulta grave, independientemente de si la justicia comprueba algún tipo de delito.

Así como en el último tiempo se ha hecho especial énfasis en limitar el financiamiento de las empresas a las actividades políticas, como una forma de evitar potenciales conflictos de interés o manejos oscuros, se debe ser estricto en exigir que estos estándares sean cumplidos también por las instituciones del Estado, para evitar situaciones en que se pueda ver comprometida la fe pública.