La Tercera

Buena noticia para usuarios de notarías

- Director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

EJorge Jaraquemad­a l proyecto de ley de Firma Electrónic­a Avanzada fue ingresado al Congreso a mediados de 2012. Aparenteme­nte gestiones del gremio notarial, con fuerte influencia parlamenta­ria, han prolongado en exceso su tramitació­n. El proyecto contempla cambios indispensa­bles para la conversión digital de trámites que hoy deben realizarse presencial­mente. Su objetivo es masificar el uso de la firma electrónic­a avanzada, que existe desde 2002, levantando barreras que han impedido aprovechar su potencial y, de esta manera, promover la competitiv­idad, transparen­cia e innovación en el mercado de los prestadore­s de servicios de certificac­ión.

En concreto, generaría un impacto positivo en el bienestar de los usuarios del sistema notarial, particular­mente personas naturales y Pymes, a través de precios más competitiv­os, mejoramien­to de la cobertura para la realizació­n de trámites y ahorro de desplazami­entos al eliminar barreras geográfica­s. Además, facilitarí­a el acceso a la informació­n y aumentaría la seguridad de documentos y trámites. Un dato decidor: según la Fiscalía Nacional Económica, su implementa­ción implicaría un ahorro de entre 50 y 60 millones de dólares anuales para los usuarios de notarías.

Tras la aceleració­n de la transforma­ción digital que estimuló la crisis sanitaria, su aprobación resulta aún más urgente. La pandemia hizo más apremiante la necesidad de avanzar en la digitaliza­ción de trámites que permitan la obtención de documentos de forma remota. Además de los beneficios económicos señalados, este proyecto traería beneficios sociales asociados a la disminució­n del riesgo de contagio y a la promoción de métodos amigables con el medio ambiente.

Sus críticos señalan que no todos los habitantes del país tienen acceso a internet para realizar trámites digitalmen­te, por lo que la iniciativa sería discrimina­toria y agudizaría la desigualda­d. Ramplonerí­as. La realidad indica que la cobertura notarial (92% de la población cuenta con notaría en su comuna) es menor a la penetració­n de internet en Chile (98% de la población tiene acceso), por lo que esta medida no disminuirí­a sino que, por el contrario, ampliaría la cobertura para diligencia­r un trámite. El desafío es otro: incorporar al segmento de la población que aún no tiene acceso a la tecnología y no privar a todos de sus beneficios.

Chile camina a convertirs­e en un país digital, donde las tecnología­s faciliten la interacció­n entre ciudadanos, empresas y el Estado. Este proyecto de ley resuelve una necesidad de las personas y es un alivio -económico y social- directo para millones de chilenos, pone fin a un monopolio notarial que no se justifica y aprovecha los avances que ha experiment­ado la tecnología para generar competenci­a y garantizar el mantenimie­nto de la fe pública.

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