Chile busca liderar bonos de inversión social en Latam

Infraestructura, salud, educación e integración son algunas deudas sociales que pueden ser saldadas con este tipo de instrumentos. Pero para eso, hay que convencer a los inversionistas orientados a la sustentabilidad.

CERCA del 28% de los habitantes en América Latina y el Caribe aún se mantienen en la pobreza (164 millones de personas) y un 11,3% en la extrema pobreza. En este contexto, uno de los grandes problemas que enfrentan los países de la región tiene que ver con implementar una infraestructura urbana que mejore la calidad de vida.

Con ese objetivo, nacen en el mundo los Bonos de Impacto Social (BIS), un mecanismo que permite financiar programas de índole social, atrayendo a inversionistas con un foco en sustentabilidad. La semana pasada, se realizó en Chile la Conferencia PPP Américas organizada por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), donde se dieron a conocer los detalles de cómo funcionan y así empezar a introducirlos con más fuerza en nuestro país, como un “hub” para la región.

¿Cómo funcionan? Un BIS es un acuerdo en que los inversionistas de impacto (inversio- nistas que buscan el impacto social, además de los rendimientos financieros) y organizaciones no gubernamentales asumen el riesgo de financiar una solución para un problema social difícil.

Este tipo de bono permite financiar por ejemplo, problemas como la violencia juvenil (asegurando que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo), el desempleo adolescente, la pobreza urbana e intergeneracional, o problemas relacionados con la salud.

Una vez que las ONG y las empresas sociales reciben el capital de trabajo de los inversionistas privados o de organizaciones, pueden trabajar directamente con sus comunidades para implementar un servicio social efectivo. Por ejemplo, un programa de reintegración para presidiarios recientemente liberados. Si estas organizaciones tienen éxito, el gobierno les paga a los inversionistas privados por los resultados sociales positivos.

Según este modelo, los gobiernos son capaces de transferir el riesgo de probar programas inno- vadores, pagando sólo cuando el objetivo esté cumplido. Por su parte, las ONG pueden acceder a financiamiento flexible, y los contribuyentes reciben más rigor, responsabilidad y valor por su dinero. “Este instrumento ofrece la oportunidad de financiar servicios sociales pioneros y, al mismo tiempo, garantizar que los gobiernos y la sociedad reciban mayor valor por su capital, pagando sólo por aquellos programas que son verdaderamente efectivos”, explica Brigit Helms, gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), una de las entidades promotoras de este tipo de fondos.

La ejecutiva muestra, a través de un ejemplo, el impacto de estos fondos. “Hoy una capacitación laboral es considerada exitosa porque mil personas fueron capacitadas, pero nunca sabemos si efectivamente consiguieron un trabajo en el futuro”. Este tipo de instrumentos ya han sido implementados en países como Inglaterra, Estados Unidos e Israel. salud, educación, acceso a agua, acceso a la energía eléctrica, entre otros. Si el análisis se desarrolla en base a zonas geográficas, debería abordarse zonas las alejadas del confort social, en este caso están las zonas extremas del país, zonas periféricas de ciudades, o ciudades con bajos índices de alfabetización, entre otros criterios”, dice Falcón.

De hecho, el Ministerio de Obras Públicas es una de las entidades gubernamentales más interesadas en esta modalidad, para lograr realizar ciertos proyectos de enfoque social en varios puntos del país.

También deberían enfocarse en ciertas industrias que poseen operaciones que se visibilizan en mayor medida en su entorno, debido a sus impactos. Por ejemplo, la minería. “Debe ser considerado como una

Una vez que las ONGs reciben el capital, pueden trabajar directamente con sus comunidades.

oportunidad para la generación de valor compartido y transferencia de habilidades hacia aquellas poblaciones aledañas, dinamización de economías locales, mitigación de asuntos medioambientales, entre otros”, agrega Falcón.

Para esto, obviamente se necesita de inversionistas realmente interesados, tanto por una vocación sustentable, como para obtener una ganancia. En este aspecto, Clark Ainsworth, business development manager para América Latina de Morningstar, cree que al menos, en el ámbito de los fondos mutuos, aún no están contemplados en las carteras de inversión local. “Todavía no hemos visto un interés fuerte por parte de las AGF (administra- doras generales de fondos) de lanzar este tipo de producto. Sin embargo, en Brasil hemos visto el lanzamiento de varios asociados con sostenibilidad”, dice Ainsworth.

De hecho, según datos de Morningstar, a nivel mundial los fondos socialmente responsables o Fondos de Inversión Social (FIS) se ubican en su mayoría en Europa, con Luxemburgo a la cabeza, con 1.602 instrumentos de este tipo, representando un 32% del total. Luego le siguen Francia (718), Estados Unidos (612), Reino Unido (295) y Corea del Sur con 227 fondos.

Según un estudio de JPMorgan, a nivel mundial, los fondos de inversión social habrían invertido cerca de US$12.000 millones du- rante el año pasado en el mundo. Incluso, el BID estima que estos instrumentos podrían crear un mercado de US$ 500.000 millones para la próxima década.

Justamente, la idea de la Conferencia PPP Américas es atraer inversionistas sociales a América Latina. “Chile es excelente como inicio para llegar a toda Latinoamérica, ya que funciona como un efecto dominó para los otros países de la región”, apunta Helms.

Por su parte, Falcón cree que si bien los fondos de inversión social son cada día más necesarios, Chile tiene que avanzar aún más en crear instancias que generen mayores impactos sociales positivos sin necesidad de una captura de

fondos para estos fines. “La gran debilidad de Chile es la baja baterías de proyectos disponibles para escoger, por lo general se invierte muy geográficamente en Santiago, o en sectores como educación. Pero existen muchas otras necesidades, en salud, necesidades básicas y en igualdad de servicios para las zonas extremas”, concluye el director de sustentabilidad de Deloitte.