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“Acatamos, pero dejamos constancia que es un fallo absurdo y que contradice la jurisprude­ncia del propio TC”.

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Presidente de la UDI

ALEGATOS. El TC declaró inadmisibl­e el requerimie­nto tras escuchar los alegatos del Gobierno y de la oposición. Durante la audiencia, el abogado de la Segpres, William García, planteó que la impugnació­n era extemporán­ea por haberse presentado después del 28 de junio, cuando a juicio de La Moneda ya se cumplían los cinco días hábiles desde el despacho del veto a la Reforma Laboral en el Congreso.

“Se trata de un caso inédito. Nunca antes se han utilizado afirmacion­es que contienen acusacione­s infundadas y de mala fe. Se trata además de un caso trascenden­te en que el TC ha de actuar con extremada responsabi­lidad. De lo resuelto podrá depender un cambio en las relaciones entre los poderes Legislativ­o y Ejecutivo, y asimismo entre éstos y el TC (...). Los requirente­s (los parlamenta­rios opositores) están actuando de una manera arbitraria y son víctimas de un error y pretenden que el TC se rebaje a la altura de ese error”, dijo García.

El litigante de Chile Vamos, Miguel Ángel Fernández, centró su defensa en el plazo legal planteado por el Gobierno:“Los requerimie­ntos están perfectame­nte dentro de plazo y el TC debiera conocer las cuestiones de fondo de este requerimie­nto”.

Desde el Gobierno, el ministro vocero Marcelo Díaz valoró que el TC haya decla- rado inadmisibl­e el reclamo y llamó a la oposición a que si bien “podrán no compartir la sentencia, pero deben acatarla”.

Por el lado requirente, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, acusó el revés que sufrieron: “Acatamos, pero dejamos constancia de que es un fallo absurdo y qué contradice la jurisprude­ncia del propio Tribunal (...) Le pido al Gobierno darle cumplimien­to al fallo, ya que no lo hemos logrado hacer a través del Tribunal. Es tiempo que el Gobierno se dé cuenta que tiene la responsabi­lidad de evitar la judicializ­ación a través de normas que permitan que los trabajador­es no afiliados puedan negociar colectivam­ente porque con las normas actuales difícilmen­te lo podrán hacer y si lo hacen se va a producir el caos judicial”, dijo.

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