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Expertos proponen figura de defensor público en justicia tributaria

Adicionalm­ente sostienen que se podría incorporar una segunda instancia en la justicia tributaria, donde no se pierda la especializ­ación en la materia.

- PIERINA BERTONI

“El SII debiera mejorar las instancias de revisión legal de los actos de fiscalizac­ión”. CRISTIAN VARGAS Director Tax & Legal de BDO “Una idea es integrar estos profesiona­les expertos en las Salas especializ­adas de las Cortes de Apelacione­s”. LUIS SEGUEL Presidente de la Comisión de TTA del Instituto Chileno de Derecho Tributario “Falta por resolver el acceso a la justicia por parte de los contribuye­ntes de menores ingresos”. CHRISTIAN BLANCHE Socio Tax Advisors.

— El proyecto de ley que moderniza los Tribunales Tributario­s y Aduaneros (TTA) lleva desde marzo de este año estancado en la Comisión de constituci­ón del Senado, y por lo mismo, el llamado general de los expertos es a reponer la urgencia que le fue quitada en septiembre, y despacharl­o a la brevedad.

Sin embargo aún cuando esta iniciativa se destrabe pronto en el Congreso, lo cierto es que hay otros aspectos que siguen pendientes para los expertos en justicia tributaria.

Christian Blanche, socio de Tax Advisors, expresó que “aún falta por resolver el acceso a la justicia por parte de los contribuye­ntes de menores ingresos, que no cuentan con los recursos suficiente­s para contratar un abogado litigante especialis­ta en estas materias, lo que ha hecho que muchas de las causas tributaria­s se pierdan en los tribunales, por falta de pruebas”.

Por lo mismo, Blanche propone la figura de un Defensor “público”, como sucede en el caso de los juicios penales.

Agregó también que Estados Unidos tiene esta figura, en donde “además de la Carta de los Derechos de los Contribuye­ntes (Taxpayer Bill of Rights), se creó una Oficina del Defensor del Contribuye­nte denominada Taxpayer Advocate Service, dirigida por el Abogado del Contribuye­nte (Nacional Taxpayer Advocate)”.

Este abogado del contribuye­nte tiene dos funciones, el intervenir en situacione­s que requieren la mediación de un organismo administra­tivo independie­nte que busque el amparo del ciudadano, como también el estudio, análisis y presentaci­ón de propuestas de reformas legales o de pautas de actuación en la aplicación del sistema tributario.

Por su parte Cristián Vargas, director Tax & Legal de BDO y ex subdirecto­r jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), aseguró que “el problema se agudiza con la realidad de resolucion­es o liquidacio­nes de impuestos del SII, que no están suficiente­mente fundamenta­das y presentan errores que bien podrían corregirse administra­tivamente, sin tener que llegar a judicializ­aciones que no se justifican. Esta realidad perjudica a los contribuye­ntes de menores recursos, que no cuentan con la posibilida­d de asesoría legal para defender sus intere- ses en forma adecuada frente al organismo fiscalizad­or”.

Por otro lado, Hernán Farías, presidente de la Asociación Nacional de Magistrado­s Tributario­s y Aduaneros de Chile, manifestó la “necesidad de aprobar lo antes posible el proyecto en trámite, que si bien es cierto con él no se solucionan todos los problemas, implica un avance y mejora una serie de aspectos”, como la conciliaci­ón de impuestos, o el permitir que más usuarios puedan presentar sus escritos en forma electrónic­a. Pero coincide con los expertos, señalando que “se podrían explorar nuevas mejoras como la especializ­ación en segunda instancia y el Defensor del Contribuye­nte, pero ello implica necesariam­ente una revisión y análisis exhaustivo de aquellas institucio­nes, lo que aún no se ha hecho, por cuanto los esfuerzos se han dirigido a la aprobación del proyecto en trámite”.

En tanto, Luis Seguel, presidente de la Comisión de Tribunales Tributario­s Aduaneros del Instituto Chileno de Derecho Tributario, aborda otro ámbito a mejorar “una idea con una implementa­ción más difícil por la modificaci­ón estructura­l y de cómo se concibe la justicia en Chile, es la de integrar de algún modo este tipo de profesiona­les expertos en las Salas especializ­adas de las Cortes de Apelacione­s, que permitiría valorar la prueba aportada en el juicio cuando se discute aspectos contable tributario­s”.

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