¿DEBERÍAN LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE IMPORTAR EN LA CORTE?
El aspecto más impactante de la decisión del jueves por parte de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito, la cual rechazó el más reciente esfuerzo por parte de la administración Trump por revivir su prohibición de viaje para individuos provenientes de seis países predominantemente musulmanes, fue su de- pendencia sobre las palabras del mismo Donald Trump como candidato, presidente electo y presidente. La Corte se apoyó particularmente en su ahora famosa declaración durante su campaña diciendo que estaba “haciendo un llamado para la total y completa prohibición de la entrada de musulmanes a los Estados Unidos”.
Los abogados del gobierno argumentaron que esas palabras no tenían nada que ver con la legalidad de la orden, pero el tribunal no estuvo de acuerdo. Las palabras del presidente, según el tribunal, llevaron a una sola conclusión: La orden fue impulsada por “intolerancia religiosa, animosidad y discriminación”, no una verdadera necesidad de seguridad nacional (como decía la orden), y por lo tanto probablemente era inconstitucional.
¿Qué peso, si algo, deben tener las palabras de un presidente de Estados Unidos en la Corte? No es una pregunta que la Corte Suprema ha respondido jamás. Pero si el gobierno de Trump le pide a la Corte que escuche este caso, y el tribunal acepta hacerlo, el resultado casi sin duda cambiará este asunto.
Creo que la opinión correcta es que el discurso de un candidato o incluso de un presidente usualmente no debe ser relevante para la determinación de un tribunal del significado o de la legalidad de la acción del gobierno. Esto es especialmente cierto cuando las palabras del presidente entran en conflicto con posturas de la Rama Ejecutiva en otros marcos y documentos más autoritarios.
Pero hay una excepción a esta norma: específicamente, cuando el discurso presidencial ofrece evidencia de intento o propósito de relevancia legal establecida -por ejemplo, cuando está evaluando una acusación de discriminación religiosa. Por lo tanto el Cuarto Circuito tuvo razón al rechazar el esfuerzo de la administración por revivir su prohibición de viaje, y la Corte Suprema debería seguir su ejemplo.
Generalmente es un error para una corte el dar fuerza legal a declaraciones cuyas metas son movilización política o persuasión -o cualquier cosa diferente de la articulación de posturas consideradas legales. En la mayoría de los casos, las declaraciones autoritarias de las posturas legales de los Estados Unidos están contenidas en marcos oficiales y documentos como los argumentos y escritos presentados a las cortes por el Departamento de Justicia. El privilegio de tales documentos asegura que los procesos cuidadosos y la maestría que reflejan no sean ensombrecidos por declaraciones presidenciales ocasionales o tweets poco meditados.
Los jueces que se han opuesto a usar las palabras de Trump contra él en el litigio de prohibición de viajes han sido motivados por tales preocupaciones.
Alex Kozinski, juez de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, quien en febrero aprobó una or- den de detención de la prohibición de viaje inicial, se mostró en desacuerdo con el uso de sus colegas de discurso de campaña, señalando que “el panel ha aprobado cacería de cualquier cosa que un político o sus empleados hayan dicho”. El Juez Paul V. Nie
meyer del Cuarto Circuito, disintiendo de la decisión de la semana pasada, expresó alarma ante la posibilidad de que en el futuro un tribunal podría “tener libertad para seleccionar cualquier expresión del desarrollo de ideas de un candidato que mejor apoye su conclusión deseada.”
Estos jueces tienen razón para ser cautelosos: No queremos dar a cada tweet en cada tema el color de la ley. Y hasta cierto punto están en lo cierto sobre los méritos: generalmente el discurso de un presidente no debe ser relevante para la determinación de un tribunal del significado o la legalidad de la acción del gobierno.
La Corte Suprema, por ejemplo, actuó de manera apropiada al descartar la declaración del presidente Ba
rack Obama en cuanto a que el mandato individual del Acta de Cuidado de Salud Asequible “absolutamente no era un aumento de impuestos” ■