Energía Limpia
Debido a la falta de reglamentación en la ley, en lo corrido de 2017 ningún proyecto de eficiencia energética ha podido acceder a los incentivos tributarios otorgados por el gobierno nacional. Cientos de proyectos están estancados y se resisten a asumir el IVA de 19 por ciento
Hasta el 31dediciembre de 2016 Colombia tuvo vigente el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Proure) 2010-2015, que fomentaba el uso racional y eficiente de la energía y promovía las energías alternativas. Dicho programa, junto con la Ley 1715 de 2014, otorgaba incentivos tributarios a las empresas: deducción en el impuesto a la renta, depreciación acelerada de activos, exclusión de IVA y exención de arancel.
Sin embargo, su terminación llevó a que durante 2017 se haya registrado una parálisis y un retraso en cientos de proyectos de eficiencia energética y de generación de energía mediante fuentes no convencionales, ya que las empresas están a la espera de que el gobierno nacional reglamente el nuevo Proure 2017-2022.
Pero, ¿por qué es importante para el país dar estos beneficios tributarios a las empresas? En síntesis, porque la exclusión de IVA y el descuento en el impuesto sobre la renta motivan a las compañías a mejorar su eficiencia energética y esto a su vez ayuda a que Colomcon bia cumpla sus metas ambientales y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre cambio climático, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se espera que el nuevo Proure excluya de IVA a equipos, elementos y maquinaria destinados a proyectos, programas o actividades de reducción y eficiencia en el consumo de energía en los sectores transporte, industrial, terciario (comercial, público y servicios) y residencial.
todo, y a pesar de su importancia, este tema sigue sin resolverse y está en manos de los Ministerios de Hacienda, Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Mientras estas entidades no se pongan de acuerdo, los proyectos productivos y de inversión no se pondrán nuevamente en marcha pues se resisten a asumir el incremento del 19 por ciento en el IVA, establecido en la reciente reforma tributaria.
INCERTIDUMBRE JURÍDICA
Los empresarios aseguran que esta situación tiene varias consecuencias para el país: aumento del desempleo, disminución de la inversión, retraso en los proyectos, reducción de los niveles
de desarrollo y evolución ambiental de las áreas productivas industriales, deterioro financiero de las compañías interesadas en acceder a los beneficios tributarios e incremento de los niveles de contaminación. “Hay proyectos tanto de grandes como de pequeñas empresas que quieren hacer más eficiente el uso de la energía y cambiar sus tecnologías, pero todavía no pueden ejecutarlos. Podemos perder el año en inversión”, manifiesta Carlos Manuel Herrera Santos, vicepresidente
conoció que, posiblemente, en octubre se expida la resolución marco, la cual fija la política y de la que se derivan todas las demás. Hasta el momento solo falta la firma del ministro de Hacienda.
Según datos de la Upme, a septiembre de 2016 se habían presentado 83 solicitudes de eficiencia energética, de las cuales 45 obtuvieron concepto técnico favorable por parte de la entidad y 33 la certificación expedida por la Anla. Esto llevó a un beneficio cercano a los 120.000 millones de pesos por concepto de exclusión de IVA y a más de 80.000 millones por deducción de renta líquida.
ESPERANDO A RODAR
Una de las empresas afectadas es Busscar de Colombia, que tiene 50 buses estacionados (32 articulados y 18 alimentadores) que no ha podido entregar a Transcaribe en Cartagena. “Aún no hemos podido facturar y nuestro flujo
de caja se está viendo muy perjudicado”, cuenta Roberto Gálvez Montealegre, presidente de la compañía, quien junto con Transcaribe, Sotramac y Transambiental, operadores del sistema, solicitaron al Ministerio de Minas aprobar una resolución transitoria que extienda la vigencia del Proure 2010-2015. “Tenemos que desintegrar 1.592 buses y hasta el momento llevamos 503. Al no tener los vehículos para la sustitución tuvimos que detener el proceso. No podemos dejar a la gente sin transporte público y aumenta la demanda de quienes se suben a Transcaribe”, explica Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe.