Aguilar sugiere 5 años para vencimiento de exenciones
→ Proyecto le daría 24 meses a Hacienda para revisar 1.300 exoneraciones
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, les recomendó a los diputados fijar un plazo de cinco años para que venzan las exoneraciones de impuestos que el Estado otorga a diversos sectores, a fin de que, cumplido el periodo, se pueda revisar la conveniencia de mantener cada beneficio.
Aguilar propuso el plazo para nuevas exoneraciones; por ejemplo, las que se incluyan en la reforma fiscal que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, así como para las vigentes, una vez que Hacienda las revise en un periodo de dos años.
Este martes, Aguilar compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se discute el Proyecto de Ley de Regímenes de Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos, su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino (expediente 19.531).
Nuevas capacidades. El proyecto otorgaría facultades al Ministerio de Hacienda para revocar exoneraciones por mal uso de los beneficios, así como la posibilidad de imponer sanciones e infracciones, ya que actualmente carece de dicha potestad.
El órgano que emitiría esos castigos sería la Dirección General de Hacienda.
El texto le daría 24 meses a Hacienda para revisar la rela67% ción costo-beneficio de las 1.300 exenciones actuales, que recaen, especialmente, en el impuesto de ventas.
Este proyecto no derogaría ninguna exoneración vigente de las 440 leyes que los diputados han aprobado con el tiempo para no cobrar impuestos a ciertas actividades o sectores.
Lo que sí entraría a derogar son 138 exenciones que ya vencieron o no tienen sentido porque cumplieron su propósito.
De acuerdo con Aguilar, el 87% de las leyes de exoneraciones todavía están vigentes y el no tiene ningún mecanismo de control.
Los tributos que el Estado no percibe en impuestos, por estas exenciones, representan el 5,38% del producto interno bruto (PIB).
En este monto también están incluidos los impuestos que se dejan de cobrar a las zonas francas o a las cooperativas.
El Ministerio de Hacienda envió el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en mayo del 2015, pero posteriormente, en este año, lo sustituyó por un nuevo texto.
Los diputados del periodo anterior fueron los que mayor cantidad de exoneraciones fiscales aprobaron desde el año 2002.
Los parlamentarios avalaron al menos 33 dispensas de pago de diversos gravámenes, las cuales contaron con el visto bueno de Casa Presidencial.
Dichas exenciones engrosan una larga lista de beneficios tributarios que se viene abultando y que el año entrante, según información del Ministerio de Hacienda, provocará que el Gobierno deje de recaudar cerca de ¢2 billones.
■ El Gobierno informó este martes de que estudiará las críticas de la Fiscalía General de la República al Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa que aprobó la noche del lunes la Asamblea Legislativa.
La iniciativa culminó su trámite en el Congreso luego de superar el segundo debate en la comisión legislativa con potestad plena primera, y ahora irá a Casa Presidencial para que el presidente Carlos Alvarado lo firme.
No obstante, antes de hacerlo, el mandatario analizará las críticas de la fiscala general, Emilia Navas, así como de Patricia Mora, ministra de Condición de la Mujer.
Navas argumenta que dos artículos del texto ponen en riesgo la autonomía de la Fiscalía y obligan a usar presupuesto, en principio destinado a víctimas, par dar tratamiento a agresores de mujeres.
Navas también critica que la iniciativa posibilita que las víctimas de violencia doméstica y de género se tengan que enfrentar con sus agresores.
En entrevista con La Nación horas antes de que se votara el proyecto, Navas dijo que si el plan se aprobaba, una opción era pedirle a Alvarado que lo vetara.
Lo estudiarán. Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, confirmó en conferencia de prensa que esa es una opción que se valorará. “(...) Obviamente, estamos tomando en cuenta las preocupaciones de la Fiscalía y el Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres), y en el plazo establecido se tomará una decisión”, dijo Piza.
El presidente tiene 10 días, contados a partir de este martes, para decidir si firma y envía a publicación la nueva ley, o si, por el contrario, la veta parcial o totalmente.
Navas informó de que delegó en un grupo de fiscales la tarea de buscar los posibles vicios del proyecto, para interponer un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad si el mandatario lo firma y se convierte en ley.
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