Gobierno recupera puerto y suministro de gasolina y diésel
→En Moín, Policía repelió con gas las piedras de quienes impedían la entrada →Michael Soto dice que empleados en paro ‘atentan’ contra personas y bienes
Enfrentamiento en Moín
Policía repelió con gas las piedras de manifestantes que impedían entrada
‘Evidente mano criminal’
Ministro Soto señala a trabajadores en paro por ‘atentar’ contra personas y bienes estatales
Condena a acciones
Con gases lacrimógenos, policías antimotines enfrentaron a huelguistas que impedían el paso al muelle de Japdeva, en Moín, principal puerto de entrada y salida de productos del país. Luego de más de tres horas de refriega, el acceso a las instalaciones de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) estuvo asegurado poco antes de la 1 p. m. Hubo un saldo de dos detenidos y tres oficiales heridos.
Con minutos de diferencia, el Ministerio de Seguridad Pública anunció que los manifestantes que impedían el ingreso al plantel de Recope en La Garita de Alajuela se retiraban. Igualmente, los huelguistas que bloqueaban la carretera a Limón, en Siquirres.
Al cierre de esta edición, la Fuerza Pública intervino un bloqueo que manifestantes mantenían en Barranca, Puntarenas, y trabajaban en eliminar otro en Terrón Colorado, San Carlos. Además, tuvo reportes de vandalismo en barrios de Limón (lanzamiento de cadenas contra cables de alta tensión).
De esta forma, el Gobierno endureció finalmente acciones contra los huelguistas que ayer lunes cumplieron ocho días de protesta contra la reforma fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa. El movimiento afecta lecciones en escuelas y colegios, servicios hospitalarios y la libre circulación por las vías, y complica la distribución de combustible.
“Vamos a continuar con acciones para garantizar el libre tránsito a lo largo y ancho del país. Hacemos, nuevamente, un llamado a la paz, al respeto a la ley, a las personas que están bloqueando vías para que se abstengan de esto”, dijo con énfasis Michael Soto, jerarca de Seguridad, en un video enviado desde la Presidencia.
También en la tarde, mandaron una patrulla al cambio de turno del personal de la Lavandería Central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el Hospital México, para afrontar eventuales problemas con huelguistas que han dificultado el lavado de ropa hospitalaria. Así lo denunció el presidente de la Caja, Román Macaya.
Con estas actuaciones, el Gobierno intenta llevar un poco de tranquilidad a la ciudadanía que ya resiente los bloqueos constantes y la incertidumbre, al sector exportador y a los expendedores de combustibles.
Secuelas. Los exportadores, por ejemplo, lanzaron la semana pasada su reclamo por la inseguridad para el traslado de mercancías por los bloqueos –que ayer llegaron a ser 17 en algún momento–, y por el poco movimiento en Moín. Los expendedores, entre tanto, celebraron la apertura del plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en La Garita.
“La intervención en La Garita es un golpe contundente, así debió ser desde el principio, no se pueden tener miramientos con esta gente”, comentó José Miguel Masís, vocero de la Asociación de Expendedores de Combustibles.
En La Garita, las filas de camiones se extendieron este lunes por dos kilómetros, a la espera de llenar los tanques cisterna. Por su parte, los usuarios abarrotaban las gasolineras.
A la solicitud de firmeza de los gasolineros se une el clamor de la Cámara de Industrias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Em- presa Privada (Uccaep).
Las reacciones de los empresarios se caldearon todavía más luego de que trascendieran actos de sabotaje, ocurridos la noche del domingo, contra instalaciones de Recope y amenazas contra funcionarios de la entidad que están laborando.
Específicamente, se refirió al orificio realizado con una broca al oleoducto de Recope en el sec-
“TERRORISMO, DELINCUENCIA, SEDICIÓN Y TRAICIÓN A LA PATRIA SON LOS ÚNICOS CALIFICATIVOS QUE SE LES PUEDEN DAR A LOS HECHOS OCURRIDOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS (...) EL GOBIERNO DEBE ACTUAR FIRME Y DECIDIDAMENTE SIN
’ ’ NINGUNA DILATACIÓ N. Enrique
Egloff
Presidente
Cámara de Industrias
“HEMOS SUFRIDO ATENTADOS CONTRA PERSONAL DEL ESTADO E INSTALACIONES. HACEMOS RESPONSABLES DE ESTOS ACONTECIMIENTOS Y, POR UNA CONCATENACIÓN DE HECHOS, A LAS PERSONAS DE ESTOS MOVIMIENTOS, PUES HAY PRESENCIA ABSOLUTA DE
’’ MANO CRIMINAL.
Michael
Soto
Ministro de
Seguridad Pública
tor de El Coyol de Alajuela, lo que provocó una fuga de diésel en la carretera Bernardo Soto que estuvo cerrada más de hora mientras se controlaba el daño y se limpiaba el derrame.
Los eventuales responsables de estos actos criminales podrían enfrentar causa por el delito que el Código Penal contempla en el artículo 260, que castiga con penas de hasta ocho años de prisión a quien atente contra plantas o instalaciones que sirvan para producir o transmitir energía eléctrica o sustancias energéticas. De hecho, ya hay un funcionario de Recope encausado penalmente por otro acto de sabotaje contra el sistema hidráulico del sistema de desalmacenaje de gas. Este hombre, de apellido Sánchez, cumple prisión preventiva.
El apoyo a acciones de mayor contundencia también vino de cuesta Moras, donde 49 de 51 diputados presentes en la sesión del plenario aprobaron una moción de “apoyo y respaldo absoluto” a la Fuerza Pública.
Estos golpes de autoridad se dieron el mismo día en que los dirigentes sindicales pidieron a la Iglesia mediar, aunque sin deponer la huelga, dijeron.