La Nacion (Costa Rica)

82 funcionari­os de Defensoría cuestionan ‘arbitrarie­dad’ de defensora

Piden a diputados investigar­la por haber quitado voz y voto a Consejo de Directores interno

- Michelle Campos michelle.campos@nacion.com

Un grupo de 82 funcionari­os de la Defensoría de los Habitantes (DHR) enviaron ayer una carta a la Asamblea Legislativ­a en la que lamentan la decisión de su jerarca, Catalina Crespo, de suprimir el Consejo de Directores de la institució­n, luego de que este le solicitó la renuncia por considerar que puso en riesgo la credibilid­ad e imagen de la institució­n.

“La decisión tomada, tan alejada de los principios que la Defensoría debe defender, deja un sinsabor de arbitrarie­dad y de autocracia, al tiempo que, inevitable­mente, plantea serias dudas desde la perspectiv­a del control interno”, declaran los funcionari­os en el documento.

En el oficio, dirigido al presidente legislativ­o, Eduardo Cruickshan­k Smith, los trabajador­es solicitan al Congreso abrir una comisión investigad­ora, pues consideran que la actuación de Crespo “atenta contra la integralid­ad e indivisibi­lidad de los derechos humanos”.

Al respecto, Cruickshan­k explicó que el lunes envió una consulta al departamen­to jurídico y de servicios técnicos de la Asamblea para determinar quién debe valorar si la defensora incurrió o no en actos que ameriten habilitar un órgano investigad­or.

“La ley de la Defensoría de los Habitantes indica que, ante la negligenci­a notoria, el presidente de la Asamblea debe construir una comisión para que proceda con la destitució­n, pero yo no soy quien tiene la potestad de calificar si los hechos denunciado­s configuran o no negligenci­a notoria”, aseveró el diputado.

El legislador recordó que, anteriorme­nte, un grupo de congresist­as presentó una moción para crear esta comisión, pero dijo desconocer por qué la retiraron.

Según confirmó La Nación este martes, la defensora tomó la medida sin seguir el procedimie­nto establecid­o en el Estatuto Interno, pues no presentó la iniciativa para suprimir el Consejo ante la Dirección Jurídica de Defensoría.

“LE SOLICITAMO­S, CON EL debido RESPETO, QUE EN ARAS de PROTEGER Y RESGUARDAR LA INSTITUCIO­NALIDAD, PROCEDA CON EL NOMBRAMIEN­TO de UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE LAS ACTUACIONE­S de LA DEFENSORA de LOS HABITANTES”. Carta al Congreso Funcionari­os de DHR

Crítica. El pasado lunes, en el diario oficial La Gaceta, Crespo publicó un acuerdo que suprime el Consejo de Directores de la Defensoría, el cual tenía más de 30 años de operar.

La medida le quita todas las funciones a dicho consejo, dejándolo sin voz ni voto.

De esta forma, este grupo ya no puede deliberar sobre el quehacer de la Defensoría ni tomar acuerdos, sino que se limitará a ser un órgano asesor de Crespo, en el cual solo participar­án los funcionari­os de alto nivel que ella escoja.

La decisión de la jerarca surgió luego de que, en junio, el Consejo resolviera que la defensora violentó los procesos de investigac­ión establecid­os en el caso de la Unidad Presidenci­al

de Análisis de Datos (UPAD).

Dentro de las anomalías que se le achacan, figura el haber hecho a un lado de la pesquisa al equipo técnico de la institució­n, así como ignorar recomendac­iones técnico-jurídicas del personal con más experienci­a.

Por otra parte, a finales de mayo, la defensora dio a conocer la desaparici­ón de parte del audio de la entrevista que hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado. Lo hizo dos meses después del momento en que se enteró del incidente.

Ante la medida tomada por Crespo al eliminar el Consejo, los funcionari­os recalcan en su misiva que ella violentó los principios que rigen la institució­n.

“Representa una severa contradicc­ión con la esencia misma de la defensa de los derechos humanos y sus principios rectores: atenta contra la integralid­ad e indivisibi­lidad de los derechos humanos, al promover el análisis atomizado de su defensa”, señala la carta.

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CORTESÍA Catalina Crespo desintegró el Consejo de Directores de la Defensoría de los Habitantes que, en junio, le solicitó la renuncia por considerar que puso en riesgo la credibilid­ad e imagen de la entidad.

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