Sindicatos se opusieron a reducir cargas patronales a las microempresas
En la mesa de diálogo entre Gobierno y sectores, los sindicatos del sector público bloquearon una propuesta para reducir las cargas patronales que deben pagar los emprendimientos y las microempresas por el aseguramiento de los trabajadores.
El sector productivo propuso promover un trato diferenciado para estas empresas sin tocar las cuotas que financian a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El planteamiento, de hecho, hablaba de un trato diferenciado en lo correspondiente a “instituciones distintas de la CCSS”.
Actualmente, los patronos deben pagar un 26,5% de cargas patronales sobre el salario de cada empleado.
De ese 26,5%, un 9,25% va a financiar el seguro de salud de la Caja y un 5,25% al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Otro 3,75% va a las pensiones complementarias de los trabajadores y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
El restante 8,25% se destina a otras instituciones: un 5% al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), un 1,5% al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), un 1% al Instituto Nacional de Seguros (INS), un 0,5% al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y un 0,25% al Banco Popular.
El sector productivo propuso un trato diferenciado en cuanto a esta última parte, con el fin de mejorar la formalidad laboral, la reactivación económica y la creación de empleo, así como generar nuevos ingresos a la propia CCSS con los nuevos aseguramientos.
Razones. No obstante, los sindicatos, liderados por el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), se opusieron de forma tajante a que se lograra un consenso inicial alrededor del tema.
Jorge Coronado, representante de ese grupo, alegó que, entre otras razones, la redacción de la iniciativa “era muy abierta, no establecía ningún parámetro” y daría pie a una “afectación a instituciones emblemáticas del Estado”.
“En lugar de poner solo en la balanza el apoyo al emprendimiento y microempresas, ese apoyo (...) nos podría, como país, salir muy caro en términos de golpear la institucionalidad pública encargada de la protección social”, aseveró el sindicalista.
La negativa se dio el viernes 13 de noviembre, en la sesión plenaria número 8 de ese foro de discusión, donde el Gobierno busca alternativas para atenuar la deuda pública y el déficit fiscal.
Mónica Segnini, representante del Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica (CPC), precisó que de ninguna manera la iniciativa buscaba reducir la posibilidad de ingresos de la Caja, como lo insinuó Bussco.
Afirmó que la idea debía “aterrizarse” para evitar que cotizantes actuales, ubicados en ese sector de negocios, se pasen a un nuevo régimen de aseguramiento más favorable, e insistió en que una de las principales razones del plan es fomentar la formalidad.
“Actualmente, la informalidad ronda el 46%, lo que implica trabajadores sin seguridad social y empresas que no están aportando a la seguridad social. Lo que busca esta propuesta es reactivar la economía, reactivar el empleo y sostenerlo, dentro de lo que se nos pidió, que hiciéramos aportes para generar ingresos. Ese es el espíritu”, explicó en el pleno del diálogo.
Secundó el plan Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Dijo que estaba en la dirección correcta.