El Salvador hacia la reforma de su sistema de pensiones
EN EL CONGRESO EXISTEN DOS PROPUESTAS QUE LUCHAN POR OBTENER EL AVAL PARA DARLE UN RESPIRO AL SISTEMA.
El tiempo se agota y el Gobierno de El Salvador debe cumplir otro pago de capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a los fondos de pensiones por US$91 millones, una cantidad que no fue incorporada al presupuesto nacional, lo que ha puesto en aprietos a las finanzas estatales y reactivó un debate de diversos sectores del país sobre la necesidad de una reforma al sistema previsional actual. En 1998, El Salvador dio un giro al manejo de sus pensiones y creó el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que se basa en el ahorro individual de los trabajadores, un monto al que se agrega una aportación de su empleador y que va generando un fondo previsional que al finalizar su vida laboral se transformará en su pensión. La afiliación a este sistema es obligatorio para los trabajadores de los sectores público y privado. Estos ahorros son administrados por las AFP (Administradora de Fondo de Pensiones), entidades que invierten estos ahorros en instrumentos financieros para alcanzar una mejor rentabilidad; estos instrumentos son los CIP.
EL FONDO COLECTIVO ESTARÍA DESTINADO AL PAGO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.
OTRO DE LOS GRANDES RETOS DEL SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES ES LA COBERTURA.
Sin embargo, en la Asamblea Legislativa se enfrentan dos propuestas: una presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que congrega a sindicatos, gremiales empresariales y a las AFP; y la segunda por el Gobierno, que lucha por obtener el aval de los diputados salvadoreños.
Ambas plantean aumentar la tasa de cotización del 13% al 15%, pero una de las principales diferencias es que la del Estado propone un sistema mixto (fondos administrados por AFP y también por el propio Gobierno).
En este sentido, el secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, Roberto Lorenzana, indica que “el Gobierno reitera su flexibilidad dejando la propuesta del modelo mixto, tratando de interpretar y valorar las otras opciones. Reconocemos la importancia estratégica de acelerar la reforma al Sistema de Pensiones. El tiempo se ha agotado y creemos que todos debemos atender esas urgencias, es inaplazable una reforma”, indicó.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, explica que en el plan que ellos impulsan la distribución se realizaría de la siguiente forma: 5,5% al fondo privado, 8% a un fondo colectivo y 1,5% de comisión a la AFP y el cálculo para la pensión sería del 13,5%. Además, el Estado aportará anualmente el 5% de los ingresos del presupuesto. El fondo colectivo estaría destinado al pago del Sistema Público de Pensiones.
Por su parte, el tanque de pensamiento de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social en un informe conocido en septiembre destaca que “la propuesta presentada por los partidos políticos contiene medidas que ayudan a mejorar la tasa de retorno de los CIP. También brinda opciones para atender el límite de inversiones del 45%, por lo que la Comisión de Hacienda debería analizarla a fin de que la Asamblea Legislativa pueda tomar decisiones para evitar otro impago en octubre con los fondos de pensiones”. En el documento, los analistas de FUSADES también insisten en la urgencia de realizar “los mayores esfuerzos posibles a fin de que las nuevas emisiones de CIP devenguen una tasa de interés de mercado, y al mismo tiempo, aumentar la tasa de interés del stock de CIP ya emitidos, con el objeto de no continuar afectando las pensiones de los trabajadores afiliados”.
Este llamado es una respuesta a la baja en la tasa de interés devengada por los CIP, que se redujo como consecuencia de la crisis financiera internacional, ante la baja de la tasa LIBOR. Esto generó una afectación a los fondos de pensiones que alcanzaría, según las estimaciones de FUSADES, de US$2.236 millones que se han dejado de percibir, lo que implica una menor pensión para las personas que están próximas a jubilarse.
Otro de los grandes retos del sistema actual de pensiones es la cobertura. Los investigadores de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), señalan que “en El Salvador los desafíos de cobertura del sistema de pensiones se explican, parcialmente, por las condiciones de informalidad y precariedad laboral que enfrentan miles de salvadoreños”.