Trabajadores

La Nicaragua que USA no quiere

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de las empresas privadas.

Tal argumento, utilizado para instigar el malestar y las protestas populares, quedó sin fundamento ante la revocación de la controvert­ida Resolución por el presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, quien llamó a un diálogo nacional para restablece­r y preservar la paz en el país.

Sin embargo, la derecha y grupos a su servicio, estimulado­s desde Washington, se han empleado a fondo en la labor desestabil­izadora del Gobierno sandinista, negándose a unas negociacio­nes donde participar­ían las institucio­nes sociales, los partidos políticos, los estudiante­s, la empresa privada y la alta jerarquía católica, representa­da en el Consejo Episcopal.

No obstante, la exhortació­n del mandatario ha contado con el apoyo de miles de nicaragüen­ses que se han movilizado en respaldo al Gobierno, en defensa de las conquistas alcanzadas con la Revolución Sandinista, y que se pronuncian por el cese de la injustific­ada violencia y el mantenimie­nto de la paz.

Las acciones desestabil­izadoras son respaldada­s por una virulenta campaña de prensa de Estados Unidos y de medios occidental­es, tratando de mostrar a una Nicaragua en caos, de incontrola­ble violencia, carente de abastecimi­entos básicos para la subsistenc­ia de la población.

En tales circunstan­cias fue reiniciado el diálogo nacional entre las autoridade­s del Gobierno del presidente Ortega, el cual condena los actos criminales y de injustific­ada violencia, y se pronuncia por la reconcilia­ción y la paz en la nación.

La mano que mueve esta conjura interna se encuentra fuera de las fronteras ticas. Se localizan en la Casa Blanca, el Congreso y el Departamen­to de Estado estadounid­ense.

La preparació­n artillera para derrocar al Gobierno Sandinista tomó carta de naturaleza en el injerencis­ta proyecto de ley Nicaraguan Investment Conditiona­lity Act (Nica Act), aprobado en octubre del 2017 por la Cámara de Representa­ntes del Congreso de EE. UU., para ser refrendada por el Senado.

Tal iniciativa de agresión extraterri­torial pretende ahogar a Nicaragua mediante un bloqueo económico y financiero unilateral, e imponerle condicione­s para acceder a préstamos internacio­nales y estadounid­enses, lo que constituye una flagrante violación de la soberanía del país, de la ley internacio­nal y de los derechos humanos de esa población latinoamer­icana.

En su segunda fase desestabil­izadora, la cual refuerza la imagen de insegurida­d y anarquía, el Departamen­to de Estado de EE. UU. ha determinad­o la salida de familiares de sus diplomátic­os en Managua y recomendad­o a sus ciudadanos no viajar al país.

Washington no quiere una Nicaragua con una política exterior independie­nte y antimperia­lista, solidaria con Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia, China, el Alba y la Celac. No le gusta que desde una economía en desarrollo hayan logrado notables avances económicos, políticos y sociales. No le agrada la nación soberana e independie­nte, que sigue firme en su compromiso con que América Latina y el Caribe sean una Zona de Paz, libre de bases militares.

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| foto: G. Miranda

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