Proteger y reactivar deben ser las prioridades
Aveces cuando se le echa una mirada a las controversias en que los grupos políticos están enfrascados y los discursos que se gastan, uno se pregunta si el liderazgo político tiene alguna claridad sobre la gravedad y la profundidad de la crisis en la que el país se está internando.
En materia sanitaria, diferente al discurso oficial, la epidemia del SARSCOV-2 no da señales de ceder. La curva de contagios no se ha aplanado. De hecho, el número de nuevos casos positivos por día ha crecido, a medida que el número de pruebas por día ha aumentado. Mientras a fines de mayo, el promedio era de unos 350 nuevos casos por día, más recientemente ha subido hasta alrededor de 440. Además, distinto al pasado reciente, los casos positivos como porcentaje de pruebas realizadas ya no baja y se ha estabilizado en cerca de 21%. Al mismo tiempo, en los últimos días el número de casos activos se ha disparado, ubicándose por encima de 8 mil.
Aunque es todavía temprano para sacar conclusiones definitivas, el temor de que la reapertura de las actividades productivas y el relajamiento de las medidas de distanciamiento social estén resultando en una aceleración de los contagios podría tener asidero.
No habrá recuperación en forma de “V”
En materia económica, a pesar de la gradual reapertura de las actividades productivas, lo esperable es que la crisis cause un daño económico permanente. El Banco Central ha dicho que la economía experimentará una recuperación en forma de “V”, lo que significa un rebote rápido que permitirá alcanzar, en un plazo corto, el nivel de actividad observado antes de la epidemia y de las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, si no hay una rápida acción de política que recupere la disponibilidad de divisas, eso no pasará. Menos aún si, además, la situación de la epidemia se agravase y obligara a dilatar la reapertura o a reintroducir medidas de aislamiento. Lo más probable es que la reapertura contribuya a un rebote inmediato pero limitado del nivel de actividad y que tardará mucho más tiempo para que la economía y las empresas vuelvan a producir y emplear a los niveles observados en febrero.
Hay que insistir en que la restricción más importante para volver a crecer es la falta de divisas. Sin ellas, no hay manera de pagar por las importaciones que son clave para reactivar la producción industrial y agropecuaria, así como el comercio y los servicios. Hasta que los sectores generadores de divisas no se ubiquen donde la paralización los dejó, el nivel de actividad no terminará de volver al punto de partida antes de la crisis. El turismo y las remesas podrían ser las fuentes de divisas que más tarden en recuperarse.
Otro factor limitante de la recuperación es que la demanda agregada está muy debilitada. Las suspensiones laborales y la drástica reducción en las actividades informales, especialmente en abril y mayo, han reducido sensiblemente la capacidad de compra de un muy elevado número de hogares. Esto retroalimenta negativamente las posibilidades de recuperación de la producción de las empresas porque sus perspectivas de ventas no son optimistas.
Los números del desempleo
Según datos oficiales, entre abril y mayo 530 mil personas en el sector privado formal dejaron de cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Esto hizo reducir el total de personas registradas como formalmente empleadas en el sector privado desde poco menos de 1.6 millones hasta casi un millón y el total de personas formalmente empleadas en los sectores público y privado desde 2.25 millones hasta 1.7 millones. De esto se deduce que sólo por el efecto en el sector privado formal, el total de personas desocupadas subió desde 518 mil a fines de 2019 hasta poco más de un millón de personas y el desempleo ampliado se incrementó desde casi 10% hasta el 20%.
Sin embargo, estas cifras no consideran el efecto de la crisis en la desocupación en el sector informal. No hay razones para suponer que en éste sería menos severo que en el formal. Si, en porcentaje, los efectos fuesen similares, en esos dos meses 500 mil personas en la informalidad habrían dejado de trabajar y percibir ingresos y la cifra del total de personas desocupadas aumentaría hasta 1.5 millones. Esto equivale al 30% de la población activa, una cifra sin precedentes en la historia económica del país.
Los números son tan grandes y el impacto negativo sobre la demanda agregada tan severo, que, como se argumentó arriba, la historia que sigue no será una en la que la reapertura implicará una rápida vuelta al trabajo de todas esas personas. Ya al menos dos voceros del sector industrial han adelantado que no todos los trabajadores suspendidos en el sector serán reincorporados al empleo.
Esto supone dos cosas. Primero que, aunque disminuya en lo inmediato debido a la reapertura, los despidos definitivos mantendrán elevada la desocupación. Esto tendrá un efecto multiplicador negativo sobre la actividad económica en general a través de los salarios y el consumo. Con datos de la TSS se puede estimar que, si el 50% de los trabajadores suspendidos en el sector formal no fuesen reincorporados a sus empresas, el gasto de los asalariados se comprimiría en más de 5 mil millones de pesos por mes. A esto habría que sumarle la reducción de aquellos en el sector informal que no logren reincorporarse de inmediato a la actividad productiva.
Segundo, las empresas van a ser golpeadas nuevamente porque se verán forzadas a pagar prestaciones laborales a un elevado número de empleados y empleadas en un momento de muy alta restricción de recursos por las reducidas o nulas ventas en los meses previos. Aunque esto ayude a sostener de manera temporal el consumo de los desahuciados, restringirá la capacidad de las empresas de operar y recuperarse.
Implicaciones sociales y respuestas de políticas
Las implicaciones económicas y sociales de esa dinámica pueden ser devastadoras y no parece que el liderazgo político tenga suficiente conciencia de ello. El apoyo para la sobrevivencia de la gente y la preservación de empleos para los próximos meses sigue siendo tan prioritario como hace dos meses. Lo que ha cambiado es que empieza a haber cierta recuperación a medida muchas empresas e iniciativas económicas empiezan a operar y una parte de los desocupados están siendo reincorporados. Pero el riesgo de que una parte significativa de los desocupados temporales (suspendidos) se conviertan en desempleados permanentes es muy alto.
En ese contexto, si lo que se quiere es evitar retrocesos sociales graves con potenciales implicaciones políticas, hay al menos tres tipos de intervenciones que se deberían estar discutiendo. La primera es mantener las transferencias sociales extraordinarias y compensatorias a favor de hogares pobres y vulnerables. Suspender o debilitar el programa en este momento no sólo reduciría la demanda agregada y el potencial de r e c u p e r a c i ó n, s i no q u e comprometería la subsistencia misma de muchos hogares. Hay que plantearse seriamente mantenerlos por varios meses más.
Segundo, subsidiar el empleo formal para asegurar que la pérdida definitiva de puestos de trabajo sea lo menor posible. Una forma de hacer esto es fortalecimiento y extendiendo la segunda modalidad del programa FASE. Mientras bajo la primera modalidad, el gobierno está transfiriendo recursos a las personas suspendidas, en la segunda está contribuyendo con fondos públicos al sostenimiento del empleo en el sector formal porque transfiere recursos a quienes no han sido suspendidos. Las empresas pagan la diferencia entre la transferencia y el salario regular. Se trata, por lo tanto, de un subsidio a las empresas para que estas sostengan el empleo. Si a medida que las empresas reintegran trabajadores, los recursos destinados a la primera modalidad se transfieren a la segunda, esto generaría un incentivo para que éstas reintegren a más empleados y desincentivaría el despido definitivo.
Tercero, estimular mucho más la demanda agregada a través del gasto y las inversiones públicas. Como no es previsible que la demanda de origen externo (exportaciones, turismo, remesas) se vaya a recuperar lo suficientemente rápido como para evitar que el daño económico se torne permanente, será imprescindible estimular la demanda doméstica. Por eso, a partir de agosto o septiembre, el nuevo gobierno deberá impulsar un programa grande de gasto e inversiones que contribuya a reactivar la producción y las ventas.
Además de esto se puede considera la opción de apoyar con créditos con garantía gubernamental, a través de un fondo u otro mecanismo, a empresas medianas y pequeñas que los requieran para mantenerse operando. Los estímulos monetarios podrían ser insuficientes y podrían necesitar un esfuerzo complementario.
El sufrimiento humano que podamos evitar y la rapidez con la que salgamos de la crisis depende enteramente de la capacidad del gobierno de apoyar el consumo de los más pobres, sostener el empleo y estimular el crecimiento. Eso a su vez depende que se obtengan lo antes posible nuevos recursos para financiar el esfuerzo.
Buscar los recursos, seguir protegiendo y reactivar son las palabras clave.
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