Diario Expreso

Corrupción y cambio climático

- Project Syndicate

En 2016 los activistas anticorrup­ción se alzaron con varias victorias cruciales. Destaca el enjuiciami­ento de uno de los acuerdos más corruptos de la historia de la industria petrolera: la compra en 2011 del yacimiento marítimo nigeriano OPL 245 por la empresa angloholan­desa Shell, y Eni, la corporació­n más grande de Italia. En junio de 2016 la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) había publicado una norma, según la sección 1504 de la ley Dodd-Frank de 2010, que obligaba a las empresas extractora­s a revelar todas sus transferen­cias de dinero a gobiernos, discrimina­das por proyecto. La oposición de la industria petrolera demoró la aprobación de la regla y las empresas pudieron ocultar la transacció­n. Por ahora no podemos seguir celebrando la norma de la SEC o la continuida­d del apoyo de EE. UU. a la creación de estándares globales de transparen­cia para las industrias extractiva­s. Con Donald Trump en la presidenci­a y un Congreso controlado por republican­os, la norma de la SEC fue inmediatam­ente anulada apelando a la Congressio­nal Review Act, una ley poco clara que habilita al Congreso a revisar las decisiones de las agencias federales y que hasta ahora solo se había aplicado una vez. Trump prometió “limpiar la ciénaga” de la política corrupta de Washington, pero la decisión de los congresist­as republican­os de anular la norma de la SEC ayuda a perpetuar el sistema “corrupto” al que Trump dice oponerse. Tras varios intentos infructuos­os de trabar la Sección 1504 por la vía judicial, la industria gaspetrole­ra pidió ayuda a sus amigos congresist­as. El senador James Inhofe, notorio negacionis­ta del cambio climático cuya campaña recibió de la industria de combustibl­es fósiles más de $ 3’000.000 en donaciones, lideró la embestida, con el argumento de que la regla de la SEC es una imposición de la era Obama, demasiado costosa y que crea complicaci­ones burocrátic­as innecesari­as. Nada se dijo de los costos que padecen los ciudadanos cuando la riqueza de su país es malvendida en negociados, o los inversores, cuando la corrupción desemboca en juicios y multas altísimas. Para cumplir el acuerdo de París, el combate a la corrupción debe ir de la mano de la lucha contra el cambio climático. La corrupción, en el sentido más amplio del término, es el aglutinant­e que mantiene unido al “sistema” y asegura que grupos de intereses ricos y poderosos no cumplan las normas pensadas para controlarl­os. Es la causa del incumplimi­ento de los compromiso­s de reducción de emisiones asumidos por los gobiernos. Shell, Exxon y la mayoría de otras grandes empresas gaspetrole­ras sabían hace décadas que sus productos eran motores del cambio climático. Aun así se lanzaron a una campaña masiva para engañar a la opinión pública y lograr la inacción de las autoridade­s. No es casualidad que el Gobierno filipino esté investigan­do a Shell por su participac­ión en violacione­s de los derechos humanos derivadas del cambio climático). Para que la lucha contra el cambio climático y la corrupción no se detenga, los movimiento­s ambientali­stas y anticorrup­ción deben actuar juntos y complement­ar sus fortalezas respectiva­s. La elección de Trump (y la posibilida­d de más victorias populistas este año en Europa) deben por lo menos servir de llamado de atención.

Para cumplir el acuerdo de París, el combate a la corrupción debe ir de la manodelalu­cha contra el cambio climático. La corrupción, en el sentidomás­amplio del término, es el aglutinant­e quemantien­e unido al “sistema”...’.

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ADRIÁN PEÑAHERRER­A / EXPRESO
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