LA DIFÍCIL TAREA DE RECUPERAR LO ROBADO
CORRUPCIÓN. No todos los casos han llegado a la etapa de juicio.
De lobo un pelo. Esa podría ser la descripción de lo que se ha podido recuperar de las pérdidas generadas por casos de corrupción en el país.
La apreciación de la Comisión Nacional Anticorrupción es que en la última década en el país se perdieron alrededor de 50.000 millones de dólares por sobreprecios en la obra pública, pérdidas por las malas construcciones, sobornos, daños colaterales, entre otros factores.
Germán Rodas, de la Comisión, cree que es una cifra para ser reajustada. A su modo de ver, sigue siendo un cálculo “bajo”, porque el monto sería mucho mayor.
Es que recuperar los recursos atribuidos a la corrupción no es una tarea fácil. Depende de muchas circunstancias. Entre ellas, sentencias ejecutoriadas, que los condenados dispongan de bienes, cuentas o patrimonios para poder ejecutar las reparaciones dispuestas por los jueces.
Esa tarea está a cargo de la Procuraduría General. Su titular, Íñigo Salvador, señaló a EXPRESO que desconoce la fuente de la información de la Comisión Anticorrupción o su metodología de cuantificación.
Lo que para el procurador está claro es que no todos los casos de corrupción de la década pasada están sometidos a la justicia penal y menos han sido objeto de sentencia definitiva.
En junio del año pasado, Salvador creó la Unidad de Recuperación de Activos, que interviene en la recuperación de montos en fallos impuestos en al menos 12 casos.
La cifra a recuperar en ocho de ellos supera los 100 millones de dólares. Solo entre los casos Petroecuador, Odebrecht y Sobornos, el monto de reparación supera los 60 millones de dólares, que deben pagar más de una treintena de sentenciados. Entre ellos el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y excolaboradores cercanos del exmandatario.
En el caso Sobornos, el 18 de septiembre de 2020 la sentencia quedó en firme en contra de los 20 sentenciados. La petición de ejecución de la sentencia, que disponía el pago de 14’745.297,16 dólares, se ingresó el 6 de noviembre del mismo año con la información recopilada hasta ese momento de los bienes de los sentenciados.
Al 11 de noviembre de 2020 los empresarios Alberto Hidalgo pagó 368.632,43 y Manuel Fontana 778.224,17 dólares. Además, las pensiones vitalicias de Correa y Glas se encuentran suspendidas por el Ministerio de Finanzas.
El caso Odebrecht que llevó a la cárcel al exvicepresidente Glas y otros por asociación ilícita, aunque es anterior a Sobornos, no tiene montos de recuperación. Y son más de 33 millones de dólares los que deben ser devueltos al Estado.
A finales del año pasado recién se integró el tribunal de ejecución. La salida de los jueces que sentenciaron el caso complicó la recuperación.
La Procuraduría, en junio de 2020, envió oficios a varias entidades para obtener información de los bienes de Glas y los demás condenados.
Al menos seis escritos se presentaron solicitando el despacho del pedido de ejecución. Respuesta que llegó finalmente en diciembre.
En el caso Petroecuador, contra Pareja Yannuzzelli y otros el 16 de noviembre de 2020 la Procuraduría solicitó que a través de la secretaría del tribunal se siente la razón del incumplimiento del mandamiento de ejecución, previo al embargo.
En el caso del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, el 6 de junio de 2018 se solicitó la ejecución de la sentencia. Más de seis meses después, el 16 de enero de 2019, se transfirieron 37.423,87 a la cuenta de Banecuador.
Hasta el 3 de julio de 2020, se actualizó toda la información sobre los bienes de los sentenciados, remitiendo pedidos de información a varias instituciones sobre los bienes de Bravo.