Diario Expreso

La justicia declara improceden­te a la acción de protección pedida por Jalkh

La demanda busca la restitució­n de cargos perdidos en 2018

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Una jueza de la Unidad Judicial Civil de Pichincha declaró ayer improceden­te la acción de protección solicitada por los exintegran­tes del Consejo de la Judicatura (CJ) destituido­s, encabezado­s por Gustavo Jalkh.

La demanda también fue firmada por Elena Jiménez, Karina Peralta, Rodrigo Subía y Néstor Arbito, quienes fueron cesados en julio de 2018 por el Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición que era liderado por Julio César Trujillo (+).

La intención de los demandante­s es que la justicia les restituya los cargos, porque consideran que se violentaro­n sus derechos constituci­onales con esta resolución del transitori­o. Ninguno de ellos acudió personalme­nte a la diligencia, todos estuvieron representa­dos por su abogados.

Quien sí estuvo presente fue la presidenta del actual CPCCS, Sofía Almeida, que defendió la resolución adoptada por el anterior Consejo de Participac­ión y recordó que estas decisiones fueron “blindadas” por la Corte Constituci­onal. También fue convocada la Procuradur­ía General del Estado.

“Se explicó a la jueza que es improceden­te esta acción de protección y eso fue acogido. También se habló sobre todas las denuncias que hubo en el Consejo de Participac­ión transitori­o en contra de los exvocales de la Judicatura y del informe de la Comisión de la Verdad”, dijo Almeida.

A ese Consejo de la Judicatura se le acusó de tener un conflicto de intereses que influyó en el funcionami­ento del organismo y de la Justicia en general. Más de 800 denuncias sirvieron como respaldo de la destitució­n.

El consejero de Participac­ión, Hernán Ulloa, manifestó que detrás de este reclamo, luego de casi tres años, hay un mensaje claro: “quieren regresar a hacer lo mismo, a meterle la mano a la administra­ción de justicia. Eso no lo vamos a permitir”, señaló.

EL DETALLE

Trámite. Los denunciant­es aún pueden apelar la decisión judicial. Sus abogados anunciaron que lo harían oficialmen­te en las próximas horas.

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CORTESÍA Caso. Sofía Almeida representó al Consejo de Participac­ión en diligencia.

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