ELS.O.S. presidencial (YII)
Dentro del debate sobre la precaria situación fiscal, renovado principalmente a partir del reconocimiento del presidente Sánchez Cerén de la necesidad de “apretarse el cinturón” y de trabajar en torno a un “pacto fiscal” –ahora potenciado por dos de las últimas sentencias de la SC y la presencia de funcionarios del FMI– no es una novedad que a través de la vocería oficial se esté enviando un mensaje ambivalente sobre la disposición del gobierno de someterse a una disciplina como la que sugiere dicha entidad. El gobierno, por supuesto, no está obligado a ello, pero ha llamado la atención la sugerencia de un alto funcionario de optar por una “reforma fiscal de contingencia”, pensando sin duda en que los problemas de liquidez demandan una solución urgente. Nosotros lo entendemos, pero nos preocupa la posibilidad de que esta idea se asiente en excesos como el de imponer gravámenes impopulares o en una reforma previsional hecha a la medida de una ideología.
Se sabe que el mismo funcionario reconoce la necesidad de una reforma para potenciar el desarrollo, que por definición requiere políticas económicas y sociales Las recientes decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional, sobre todo las referidas a la prohibición para que continúen en ejercicio los diputados suplentes de la Asamblea, así como la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, han causado verdadero revuelo.
Han existido reacciones de todo tipo y se han externado opiniones que van desde una total y ciega aceptación de lo resuelto, hasta quienes señalan a los magistrados como los mayores desestabilizadores de la democracia en nuestro país. Suele pasar que muchos de quienes se ubican en los extremos de estas opiniones no se han siquiera molestado en dar una mirada a las resoluciones que con ímpetu comentan.
Si bien esto en sí mismo no puede ser calificado como negativo, lo que sí preocupa es que diputados, otros funcionarios y varios líderes de las principales fuerzas políticas de nuestro país estén realizando abiertos llamados a desobedecer las decisiones judiciales. Tales llamados a la desobediencia pueden ser considerados como actitudes delictivas; ¡cuidado con eso!
Para el caso de los funcionarios, partimos coherentes con visión de largo plazo. Pero al hablar de una salida temporal estaríamos también corriendo el riesgo de perpetuar la “política de parches”, que hemos venido practicando por largo tiempo, eludiendo así los costos que implica la solución de los problemas estructurales. Siempre han primado las consideraciones políticas sobre las técnicas, donde la constante ha sido más impuestos y endeudamiento, invocando invariablemente la importancia del gasto social. Esto nadie lo discute, excepto cuando se exceden las posibilidades fiscales y buena parte de los recursos se desvían por el túnel de la corrupción, mientras los programas se revisten de un tinte ideológico que ofende e indigna hasta a los supuestos beneficiados.
Esos ejercicios cortoplacistas han terminado por llevarnos a una situación cada vez más dramática. Nunca entró en el debate político una reforma estratégica en función de un crecimiento robusto y sostenido con distribución; al contrario, las acciones dispersas, atropelladas y revestidas de un autoritarismo que no tiene nombre han terminado por enfriar los motores de la producción, la productividad y el empleo, con lo cual el gobierno ha caído en su propia trampa. Si fuéramos a hacer un ejercicio en el tiempo, diríamos que en el período posconflicto, la necesidad de un ajuste fiscal empezó a perfilarse durante el segundo gobierno de ARENA, pero se hizo más evidente en el siguiente, por las necesidades de reconstrucción asociadas con los seísmos de 2001, la sanidad fiscal que demandaba la dolarización y la carga que
de la incuestionable premisa que es legítimo disentir y criticar fuertemente las decisiones judiciales, pero que tal como lo apuntábamos cuando se generó hace unos años el conflicto en la elección de magistrados de la Corte Suprema, tal disenso no lo pueden transformar en desobediencia.
De nuevo han surgido funcionarios invocando el art. 235 Cn., el cual les obliga a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, atendiendo a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, o resoluciones que la contraríen; pero de nuevo olvidan que el art. 183 claramente dice que la Sala de lo Constitucional es único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, de un modo general y obligatorio.
Ya lo hemos dicho pero es forzoso reiterarlo ahora: es cierto que los funcionarios deben hacer cumplir la Constitución, pero precisamente por eso, en materia de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, deben subordinarse a la interpretación que hace la Sala de lo Constitucional. Dar por válida la maliciosa y conveniente interpretación que ya vuelven a poner sobre la mesa algunos diputados implicaría que cualquier funcionario que no esté de acuerdo con una resolución de la Sala podría desconocer los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, argumentando que en su particular apreciación, la misma es contraria a la Constitución. ¡Vaya argumento!
El presidente de la República, ministros, ya en esos momentos arrastraba el sistema de pensiones. Incidentalmente, la correlación de fuerzas políticas hacía menos difícil una reforma fiscal, que palidece frente a la que se requiere en estos momentos.
Un estudio realizado en 2001 por el doctor Carlos Acevedo, a la sazón responsable del área macroeconómica de FUSADES (¿Es sostenible la política fiscal en El Salvador?), así lo sugiere. En este se enfatizaba la pesada carga que significaba ya para entonces la frondosa burocracia estatal y las implicaciones que tendría el sistema de pensiones que entró en vigor años atrás, sin que se avizorara todavía la reforma perniciosa que se hizo en la administración Saca, precisamente para obviar el problema estructural de las finanzas públicas. Pensiones y excesiva burocracia –y desde luego corrupción– son justamente los problemas que más complican la presente situación.
No ignoramos que la resistencia a enfrentar la realidad está indefectiblemente asociada, como nunca, con los costos políticos de cara a los próximos eventos electorales. Pero en esta ocasión, el panorama fiscal es distinto, pues ya pasó de lo anormal a lo caótico. Entonces, el gobierno o el partido deberían entender que de mantenerse en sus posiciones irreductibles enfrentarán estos eventos con un perfil más desgastado de lo que se imaginan. Pero ahí no termina el problema, porque la oposición más visible tampoco parece comprender que hasta su mismo proyecto político está en riesgo, por aferrarse a un pasado que medio mundo rechaza.
superintendentes, representantes de autónomas, jueces, etcétera, estarían en libertad de decidir cuándo sí y cuándo no, obedecer una sentencia de amparo o de inconstitucionalidad, de la Sala de lo Constitucional. ¡Dios nos libre de llegar a tal situación!
Por lo demás, quienes están realizando estas arengas deben percatarse del mal que nos están haciendo a todos. A nadie beneficia que se vocifere la existencia de un golpe de Estado, que solo existe en la imaginación de un grupúsculo de personas que no soportan el control de otros órganos del Estado y que no terminan de comprender el verdadero significado de un régimen de pesos y contrapesos. Eso solo causa zozobra, incerteza e inseguridad jurídica.
Critiquen, expongan sus disconformidades, razonen sus posiciones, pero entiendan de una vez por todas, que no es lícito elegir cuáles decisiones se cumplen y cuáles no.
No podemos aplaudir, pero sí estamos dispuestos a tolerar, que en su disconformidad lleguen al punto de acudir a mecanismos inocuos –pero aun así civilizados– como inventarse recursos de reconsideración o amparos ante la Corte Suprema de Justicia en pleno. Está claro que no les están asesorando adecuadamente pero allá ustedes en esos vanos esfuerzos.
Pero lo que definitivamente no vamos a tolerar es que se irrespete la institucionalidad, que se desobedezcan órdenes judiciales y que se llame a otros a su desobediencia; ¡cuidado!