Fiscalía brasileña acusa a Michel Temer de corrupción pasiva
Es el primer presidente de ese país que enfrenta un proceso y llega a este punto.
La Fiscalía denunció al presidente brasileño, Michel Temer, de corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado tras un análisis del Supremo y con el aval de la cámara baja.
El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a los legisladores.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso.
En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer “recibió ventajas ilícitas” del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor, Rodrigo Rocha Loures, quien ya está en prisión por ese mismo asunto.
El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal en dos informes diferentes. En el primero, la Policía sostuvo que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas. En otro informe entregado ayer mismo, las autoridades concluyeron que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.
Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornan al mandatario desde 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que lo comprometen.
Esas grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno del mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.
En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del Órgano Legislativo. En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina.
Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.