La superación del veto a la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía es un buen signo de responsabilidad institucional

Cuando la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para darle más autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de dicha institución, vino el veto presidencial a dicha reforma, alegando inconstitucionalidad; y como en muchos años no había sido posible superar un veto, de seguro se creyó que hasta ahí llegaban las cosas. Pero en esta ocasión, las repercusiones altamente negativas de no hacer dicha reforma se manifestaron de inmediato, como fue el suspender al país del Grupo Egmont, con lo cual se pone en alto riesgo la cooperación financiera internacional, se impide el acceso a información financiera para la persecución del lavado y de la corrupción, y se encarece el crédito que necesite el país; y así fue cómo se gestó la superación del veto aludido con la mayoría calificada necesaria.

Todo esto se hizo notar desde que se dio a conocer el hecho de que nuestro país salía del Grupo Egmont, y eso de seguro generó un movimiento de voluntades en la línea de rectificar a tiempo para evitar males mayores. Los grupos políticos opositores dentro de la Asamblea lograron reunir los votos necesarios, con lo cual se posibilitó la superación del veto. El hecho es revelador de que cuando se quiere se puede, sobre todo al estar en juego propósitos nacionales tan evidentes como en este caso, en contraste con posiciones claramente inclinadas a favorecer intereses sesgados.

Hay que ver como una señal alentadora el que las cosas en este caso se hayan podido encaminar en forma de rectificación positiva, sobre todo porque estamos en un momento en que nuestro país enfrenta desafíos tan agudos y peligrosos en prácticamente todas las áreas del quehacer nacional. El verdadero fortalecimiento institucional es ahora mismo un imperativo ineludible, y en esa línea todo lo que tenga que ver con la investigación, la persecución y el castigo de las conductas criminales, del tipo que fueren, debe tener máxima prioridad.

La gestión política, en todos los ámbitos en que se manifiesta, tiene que responder de manera concreta y sin evasivas a esta demanda real, que va tan vinculada con la supervivencia sana del sistema de vida. Dentro de tal perspectiva hay que enfocar las elecciones de funcionarios como los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que aún están pendientes y la inminente elección del Fiscal General para el nuevo período. Y esto empalma sin duda con la decisión ciudadana en las urnas sobre quién ejercerá la Presidencia de la República a partir de junio próximo.

Como hemos enfatizado recurrentemente sobre todo en los últimos tiempos, en El Salvador hay que hacer que la racionalidad vaya ganando cada vez más terreno, en función de un desempeño nacional que pueda responder de veras a las necesidades del progreso y a las aspiraciones de la gente. Dicha racionalidad debe alimentar todas las acciones y proyecciones que se pongan en juego, porque sólo de esa manera podremos los salvadoreños ir superando los obstáculos que nos salen a cada instante en el camino. El objetivo, ahora y siempre, tiene que ser un país mejor, más integrado, más pacífico y más progresista, en el auténtico sentido de dichos términos.

La tarea por cumplir es amplia y compleja, y hay que asumirla con todo el compromiso que las condiciones y las circunstancias demandan. Hechos alentadores como la superación de este veto apuntan hacia un futuro que sea a la vez promisorio y constructivo, y que esté al servicio del bien común de manera inequívoca.

HAY QUE VER COMO UNA SEÑAL ALENTADORA EL QUE LAS COSAS EN ESTE CASO SE HAYAN PODIDO ENCAMINAR EN FORMA DE RECTIFICACIÓN POSITIVA...