| MIGUEL ZACARíAS
EN SU APOGEO. El conflicto que se traían los panistas en el Senado que confronta a neocalderonistas y viejos calderonistas con anayistas no parece tener fin y este fin de semana, la bancada azul en la Cámara Alta protagonizó un nuevo round.
PINTANDO RAYA. Y todo porque, el coordinador de la fracción, Fernando Herrera (para más señas, incondicional del dirigente nacional panista) se resistía a incluir la ley de seguridad interior y el mando único como parte de la agenda panista del nuevo período ordinario de sesiones.
TRÍO. La pugna interna subió de tono y el saldo fue que el bloque de senadores afines a los rebeldes Ernesto Cordero, Javier Lozano y Roberto Gil se hizo más grande o para decirlo más claro, simplemente, confirmó su tamaño.
MANO ARRIBA. Y en el elenco de los 8 nuevos rebeldes, se apuntó el leonés Fernando Torres Graciano. Nadie más. Ni Pilar Ortega ni Juan Carlos Romero Hicks. Torres Graciano firmó un comunicado junto a otros 10 compañeros en el que diplomáticamente le decían a los anayistas que no contaminaran temas legislativos con las pugnas partidistas.
HECHOS. Los calderonistas atribuían a los pactos de Anaya con el Frente Amplio, la negativa inicial para impulsar la concreción de la Ley de Seguridad Interior de parte del coordinador y la dirigencia nacional panista. Celebraban la reconsideración pero dejaban el misil.
DICHOS. “La conformación del Frente Ciudadano no debe ser motivo para que el PAN renuncie a impulsar los cambios que demanda urgentemente la sociedad. Nuestra concurrencia a esa coalición electoral no debe ser a costa de claudicar en las definiciones panistas”, señala el documento.
MÁS. “Las condiciones están dadas para dictaminar el nuevo marco jurídico de las fuerzas armadas: hay propuestas sobre la mesa, siete iniciativas, varias de ellas presentadas en el Senado de la República. Después de meses de intensa discusión debemos arribar pronto a un dictamen que reflejen los consensos hasta ahora logrados. Si en la Cámara de Diputados no hay posibilidades de pronta resolución, el Senado está obligado a actuar”, agrega.
UNA MÁS. Las fuerzas armadas no pueden seguir haciendo el trabajo que corresponde a los policías, remacha.
LA LISTA. El comunicado lo respaldan además de Cordero, Lozano, Gil y Torres Graciano, Héctor Larios, Octavio Pedroza, Jesús Santana, Sonia Mendoza, Adriana Díaz y Juan Fernández Sánchez.
EL PUNTO. Y en ese contexto, habría que recordar que esta urgencia de aprobar la ley de seguridad interior la comparten los gobernadores azules que firmaron en mayo un desplegado para urgir a los legisladores a definir los alcances de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
DE LOCAL. Un tema que al gobernador Miguel Márquez le interesa nada más porque en unos meses estará en operación una base regional de la Policía Militar que dispondrá de cientos de elementos para apoyar en estas tareas.
ASÍ SON. Sucede que hoy en el PAN domina la guerra de facciones. Sólo les interesan sus pequeñas cofradías y sus intereses al 2018. Lo demás que se lo lleve el carajo.
TAXIS EJECUTIVOS: JUAN CARLOS MUÑOZ Y LA NUEVA REGULACIÓN
DE SU RONCO PECHO. Muy a su estilo, directo, sin tapujos y sin recato, el diputado presidente de la comisión de Seguridad y Movilidad del Congreso del Estado Juan Carlos Muñoz Márquez asegura que su partido va por el reforzamiento de la mejora de condiciones desde la ley para el usuario de taxis ejecutivos.
COYUNTURA. En pleno duelo y controversia tras el asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla en Puebla presuntamente a manos de un chofer de la plataforma de taxis ejecutivos Cabify, el legislador panista dijo que los lamentables hechos dan la razón a la postura de autoridades en Guanajuato de regular con mayor contundencia, la actividad de los taxis ejecutivos.
CASI DIRECTO. Muñoz Márquez tampoco se quedó con las ganas de fustigar aunque sin citar nombres de políticos a quienes cuestionaban las pretensiones de diputados locales y del gobierno de Miguel Márquez para endurecer las reglas para el otorgamiento de permisos para unidades de estas plataformas.
SIN NOMBRES. Y habló lo mismo, de políticos que de algunos medios. Muñoz Márquez pondera las ventajas que desde su punto de vista tiene la ley que se aprobó en Guanajuato con la que está vigente en Puebla, el estado del que mucho se habla a partir de los trágicos hechos en los que perdió la vida la citada joven.
LOS IMPACTOS. Pero al mismo tiempo llama a revisar qué es lo que ocurre en aquella entidad donde ya se anunció que el gobierno quitará los permisos a esta empresa que hasta hace unos meses operaba también en León.
REFERENCIA. El gobierno también anunció medidas para endurecer la revisión a quienes tengan el permiso de taxis ejecutivos que incluye la exhibición de una licencia tipo B y la presentación de exámenes toxicológicos.
POSTURA. Muñoz Márquez no especificó lo que se haría en Guanajuato pero es evidente que la ocasión está ni mandada a hacer para actuar al respecto.
RIESGO. El problema que ya advierten algunos es que se piense que la simple decisión der cancelar permisos pueda evitar problemas de inseguridad y riesgo para los clientes de estos vehículos.
SERENIDAD Y PACIENCIA. Ojalá se serenen los ánimos y se eviten las reacciones viscerales y que sólo intentan quedar bien con la tribuna. La principal reforma que debería impulsarse para este momento es la de cambiar los términos del contrato que asumen los usuarios cuando abordan una unidad. Este es el punto neurálgico. A ver si se comportan a la altura.
LA DEL ESTRIBO…
Tal como estaba previsto, ni el gobernador Miguel Márquez ni el “desaparecido” exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ni su ahijado político, el director de Desarrollo Social en León, Daniel Campos, acudieron personalmente a la comparecencia ante las autoridades electorales para responder a los señalamientos de quienes acusaron desvío de recursos del segundo de ellos.
Sea como sea, el balón está en la cancha del órgano electoral que con este primer caso caliente que tiene en sus manos, marcará el ritmo y el tono de los fallos por venir en una precontienda que se avizora ultra judicializada. Es ni más ni menos que el precandidato del oficialismo azul.
Los funcionarios y consejeros electorales saben que esa determinación los marcará para lo que vienen. Y no van a quedar bien con todos.