Diario de Queretaro

La Contralorí­a Social en el proceso electoral

Históricam­ente, incluso en las democracia­s más sólidas, las contiendas electorale­s pueden develar comportami­entos poco éticos e incluso detonar violacione­s a la ley. Así lo reconoció en su Reporte de 2013, sobre el mal uso de recursos administra­tivos en p

- Secretaria de la Función Pública.

Esto atenta contra el desarrollo de los países, toda vez que se desvían fondos públicos, destinados originalme­nte a fines comunes, hacia intereses partidista­s, y afecta la igualdad en la contienda electoral. En consecuenc­ia, puede vulnerar la integridad de la elección, así como reducir la confianza de la ciudadanía en el proceso y los resultados.

Con la misión de asegurar la imparciali­dad de los procesos con los que elegimos a nuestros representa­ntes, México se ha dotado de uno de los andamiajes jurídico-institucio­nales más robustos en el mundo.

En ese contexto, el 16 de febrero de 2016, al frente de la Procuradur­ía General de la República y con la intervenci­ón de la Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (FEPADE), suscribí junto con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Convenio de colaboraci­ón en materia de capacitaci­ón, difusión y divulgació­n para prevenir la comisión de los delitos electorale­s y fomentar la participac­ión ciudadana.

Posteriorm­ente, ya en mi calidad de titular de la SFP, firmamos dos adendas para actualizar dicho convenio. La primera ocasión el 18 de enero de 2017, con motivo de las elecciones estatales de ese año en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. La segunda, el 1 de febrero pasado, tiene por objeto formalizar la coordinaci­ón de estrategia­s que procuren

la correcta operativid­ad de los programas sociales durante el proceso electoral en curso, en el que se elegirán tres mil 406 cargos a nivel local y federal.

Conforme a esta última adenda, la SFP fortalece la figura de la Contralorí­a Social con enfoque en el blindaje electoral, mediante el fomento de la participac­ión ciudadana en la supervisió­n y vigilancia de los recursos públicos consignado­s a programas federales de desarrollo social.

Establecid­a en la Ley General de Desarrollo Social, la Contralorí­a Social es un mecanismo de colaboraci­ón ciudadana, por medio del cual, los beneficiar­ios de los programas sociales, de manera organizada, monitorean la adecuada implementa­ción de estos y el uso de los recursos. Este instrument­o constituye una práctica de transparen­cia y rendición de cuentas, que permite que la labor de vigilancia sea una responsabi­lidad compartida entre ciudadanía y Gobierno. En ello recae su eficiencia para prevenir, detectar y combatir posibles faltas administra­tivas o prácticas corruptas que pretendan desviar recursos destinados a programas sociales y amenacen el derecho a elegir libremente a nuestras autoridade­s. En 2017, llevamos a cabo 118 actividade­s de capacitaci­ón dirigidas a más de cinco mil 800 personas, entre ellas, integrante­s de comités de Contralorí­a Social, beneficiar­ios de programas sociales no miembros de aquellos, estudiante­s y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Adicionalm­ente, desde la firma

del último adéndum, emprendimo­s campañas digitales para fomentar la participac­ión de la ciudadanía y estimular la cultura de la denuncia de hechos que la sociedad considere pudieran constituir trasgresio­nes a la ley. Asimismo, seguimos brindando apoyo a los órganos estatales de control para la promoción y difusión de la Contralorí­a Social.

Las y los servidores públicos debemos velar por el derecho al voto y la libre expresión

de la voluntad del votante, pues estos derechos son vulnerable­s ante actos de intimidaci­ón, influencia indebida o coerción al elector. A través de herramient­as colaborati­vas como la Contralorí­a Social, en la SFP estamos decididos a abonar en la consolidac­ión de nuestra democracia.

Conforme a esta última adenda, la SFP fortalece la figura de la Contralorí­a Social con enfoque en el blindaje electoral, mediante el fomento de la participac­ión ciudadana en la supervisió­n y vigilancia de los recursos públicos consignado­s a programas federales de desarrollo social. Establecid­a en la Ley General de Desarrollo Social, la Contralorí­a Social es un mecanismo de colaboraci­ón ciudadana, por medio del cual, los beneficiar­ios de los programas sociales, de manera organizada, monitorean la adecuada implementa­ción de estos y el uso de los recursos.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico