Presupuesto, con perspectiva de DH
EL PRESIDENTE de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló la necesidad de que las políticas presupuestales del país se redefinan bajo una perspectiva de los derechos fundamentales.
Durante la presentación del Estudio sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos, elaborado por el organismo nacional y la UNAM, señaló que en el presupuesto de egresos 2018, se prevé una reducción de 3.4% respecto al año anterior en recursos para la prestación de servicios de salud y educación.
“En contrapartida, el presupuesto para tareas de seguridad nacional... (habrá) crecido en casi 13%”, previó.
La educación, dijo, es una de las mejores vías para la prevención de la violencia y de la inseguridad que produce resultados duraderos en el largo plazo; privilegiar el fortalecimiento de las capacidades reactivas del Estado, no garantiza necesariamente que se solucionen en el corto plazo nuestros problemas de inseguridad y, por el contrario, propicia que se presenten violaciones a los derechos humanos.
González Pérez manifestó que las secretarías a cargo de un programa sectorial deberán señalar sus responsabilidades en materia de los derechos humanos sobre los que se actuará, e indicó que la relación entre presupuesto y derechos pasa por la determinación de las capacidades de financiamiento de las políticas y las acciones necesarias para la consecución de los derechos humanos.
Bajo el esquema actual, expuso, al definirse primero el ingreso y la capacidad de endeudamiento, toda política pública se construye bajo la restricción presupuestal, por lo que se debe contar con un horizonte de ingresos públicos, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.
“El estudio propone determinar la vinculación de cada programa público con los derechos humanos y sustentarla como función y política de Estado, además de incorporar en las etapas del proceso presupuestario de manera explícita, criterios de medición en términos de los compromisos en materia de derechos humanos”, refirió.
En este sentido, precisó que la institucionalización de los derechos fundamentales como objetivo de las políticas públicas debe ser supervisada por el Poder Legislativo, pues con ello se contribuirá a dar certeza al debate político, económico y presupuestal sobre el goce y ejercicio de los derechos fundamentales.