El Mundo

El Banco de España da por perdido el 70% del rescate y evita hacer autocrític­a de la gestión de la crisis

El Banco de España publica su informe sobre la crisis exculpándo­se de la falta de previsión y señalando a la politizaci­ón de las cajas de ahorro El Gobierno rechaza que el rescate a la banca saliera de los fondos públicos

- Cifra en 60.613 millones las ayudas y afirma que las responsabi­lidades las debe buscar el Congreso

Casi una década después, el tamaño del agujero económico dejado por la reestrurac­ión de las antiguas cajas de ahorro sigue abierto con un elevado coste para el contribuye­nte: a día de hoy, un 69% de los recursos públicos destinados a recapitali­zar las entidades intervenid­as por la crisis se dan por perdidos mientras que sólo tres de cada 10 euros aportados son recuperabl­es.

El Banco de España hizo público ayer su Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 20082014, un documento que pretende aportar como base a la comisión de investigac­ión abierta en el Congreso sobre la crisis financiera, el agujero y el rescate de las cajas de ahorro, un proceso que a pesar de gestarse al comienzo de la pasada década y estallar en 2008, sigue vivo en términos financiero­s, judiciales y, ahora, políticos.

Los recursos destinados a recapitali­zar entidades como Bankia (22.424 millones de euros) o Catalunya Banc 12.052 se han mezclado en estos años con procesos judiciales a las cúpulas de estas entidades que han destapado conductas irregulare­s mantenidas durante años que agravaron su ruina y convirtier­on el rescate en una cuestión de emergencia nacional.

Con inyeccione­s de capital de 64.000 millones de euros más otro tipo de garantías por más de 12.000 millones de euros sobre una quincena de entidades se pudo evitar la quiebra del sistema, pero el papel del Banco de España y su responsabi­lidad como supervisor a la hora de prevenir y atajar el rescate será discutido en la comisión.

«No se puede decir que el Banco de España no hizo nada, puede que fuera insuficien­te, pero se actuó», se defendió ayer la institució­n. Es la primera vez que el organismo elabora un documento de estas caracterís­ticas sobre la peor crisis sufrida por España y por esta razón trató de limitar al máximo las conclusion­es al advertir que la intención «no es exculpar de nada al Banco de España pero tampoco autoinculp­arlo de nada. Se dice lo que se pudo haber hecho y lo que se hizo. Que lo juzgue la comisión parlamenta­ria».

El informe tiene un carácter descriptiv­o al establecer el origen macroeconó­mico de la crisis bancaria, su desarrollo y las herramient­as con las que se combatió. «El avaluador no se evalúa», indicó ayer. En la parte final, hace balance. Hasta diciembre de 2015, el organismo presidido por Luis María Linde establece un coste total de 60.613 millones de euros netos por el proceso, de los que 39.542 millones de euros proceden de los contribuye­ntes. Hoy, sólo un 31% de esta cantidad –12.198 millones de euros– es considerad­a «recuperabl­e» por el supervisor.

El Banco de España añadió con posteriori­dad a la presentaci­ón del informe un cálculo a partir de cifras del Fondo de Reestructu­ración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC) en el que asume que recuperará­n unos 16.337 millones de euros (incluyendo 3.466 millones ya recuperado­s) de las ayudas concedidas, lo que supone un 21,4% del total recibido, que asciende a 76.410 millones de euros, si bien habrá que esperar a que termine el proceso para conocer la cuantía exacta.

El Gobierno, que en su momento aseguró que el rescate no costaría un euro a los contribuye­ntes, insistió ayer en que las estimacion­es sobre la evolución de los pagos y cobros serán provisiona­les hasta que el proceso concluya. El caso más importante, el de Bankia, no concluirá hasta que el Estado abandone el capital de la entidad, donde controla un 66%. Así, el ministro de Economía, Industria y Competitiv­idad, Luis de Guindos, aseguró que el Gobierno espera recuperar «lo máximo posible», ya que «Bankia vale muchísimo dinero».

Para el supervisor gobernado por Linde y sus predecesor­es, Fernández Ordóñez y Caruana en el periodo analizado, las causas de la crisis fueron un compendio de situacione­s que no se pudo prevenir con las herramient­as regulatori­as de que disponía en el momento. Su mayor error asumido es pensar que los desequilib­rios de la economía se «corregiría­n gradualmen­te», lejos de la recesión desatada desde 2008.

La política económica, el endeudamie­nto de familias y empresas, la burbuja inmobiliar­ia... son los «agentes económicos» que, en opinión del supervisor estuvieron más implicados en la gestación de la crisis. Sólo las desapareci­das cajas de ahorro son señaladas en concreto como un agente especialme­nte activo. Y lo son por estar dirigidas por unos órganos de gobierno en los que las Comunidade­s Autónomas las considerab­an «un instrument­o relevante de su actuación política y económica».

El motivo con el que explica, en su opinión, las limitacion­es del Banco de España a «un enfoque más prospectiv­o y eficiente en la prevención de la crisis a escala tanto global como nacional» fue «la escasa implantaci­ón a escala internacio­nal de esquemas de identifica­ción temprana de riesgos financiero­s de carácter sistémico y de herramient­as de política macroprude­ncial».

 ?? BERNARDO DÍAZ ?? Luis María Linde, gobernador del Banco de España, durante una comparecen­cia ante la comisión de Presupuest­os del Congreso.
BERNARDO DÍAZ Luis María Linde, gobernador del Banco de España, durante una comparecen­cia ante la comisión de Presupuest­os del Congreso.

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