El Gobierno dará al PNV la comisión sobre abusos policiales en el País Vasco
Expertos afines al nacionalismo decidirán quién cometió torturas
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y seis sindicatos y agrupaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil instaron ayer al ministro del Interior Fernando GrandeMarlaska a no ser «cómplice de un ataque al Estado de Derecho» con la retirada del recurso de inconstitucionalidad que fue presentado en mayo de 2015 contra la ley vasca de abusos policiales. La norma contempla la creación de una comisión de valoración que, sin exigir ni condenas judiciales ni informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pretende conceder la condición de víctimas de excesos policiales a quien lo reclame. La comisión se reunirá hoy por primera vez en Vitoria y entre los expertos que han sido seleccionados por el Gobierno vasco se encuentra el forense Francisco Etxebarria, autor de un informe que cuantifica en 4.113 los casos de torturas en Euskadi entre 1960 y 2014 que atribuye a Policía Nacional, Guardia Civil y a la Ertzaintza.
Covite, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Unión Federal de la Policía (UFP), la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) exigen que sea el Tribunal Constitucional quien determine la legalidad de la ley vasca sobre atención a víctimas de abusos policiales que fue aprobada en 2015 pero que el Gobierno de Rajoy recurrió parcialmente porque incluye crear una comisión de valoración ajena al Poder Judicial.
El Ejecutivo de Rajoy subrayó entonces en el recurso elaborado por la abogada jefe en el País Vasco Macarena Olona que ese grupo de expertos vulnera el artículo 117 de la Constitución al atribuirse las funciones de investigación y resolución sobre presuntos delitos cometidos contra los denunciantes de los mismos vulnerándose el derecho al honor y al de presunción de inocencia de los funcionarios policiales. La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría decidió la presentación del recurso contra la norma aprobada por PNV y el Partido Socialista de Euskadi pese a que dos días antes Rajoy y Ortuzar alcanzaron su pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
Tres años después, el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco Jesús Loza anunció tras su primera reunión con el lehendakari Iñigo Urkullu la predisposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez de retirar en este mes de julio el recurso ante el Constitucional contra la ley vasca si se «adecúan» aspectos de la misma en una negociación que Loza mantendrá con el secretario general de Convivencia del
Gobierno vaco Jonan Fernández. «En su condición de juez, el ministro [por Grande-Marlaska] es consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho; todas las leyes deben estar sometidas al control del Tribunal Constitucional», exigieron ayer en un comunicado conjunto la asociación de víctimas más importante de España y prácticamente todos los sindicatos y agrupaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
El Gobierno vasco se había mantenido expectante a las directrices del Tribunal Constitucional –que prorrogó la suspensión parcial de la norma vasca– hasta que, como adelantó ayer EL MUNDO, el pasado 19 de junio hizo pública la constitución de la comisión de valoración que de momento carece de funciones.