Más de 5.000 millones por el control del Congreso
El dinero invertido en la campaña no impide la división en las urnas
Cuando se dice que las campañas de las elecciones al Congreso que se celebran hoy en Estados Unidos han gastado 5.190 millones de dólares (4.553 millones de euros), no hay que asustarse. Sobre todo, porque la cifra real es mucho mayor. Esos 5.190 millones sólo corresponden a las campañas al Congreso, según el Centro para una Política Responsable, una organización independiente de Washington que analiza el inmenso e incestuoso maridaje entre política y economía en EEUU. Cuando se divide esa cifra entre los 435 representantes y los 34 senadores que serán elegidos, sale a 9,7 millones de euros por congresista.
Pero ésa es sólo una parte del gasto total. Porque, aparte de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado, los estadounidenses eligen a los gobernadores de 36 estados y tres territorios y a los alcaldes de, entre otras ciudades, Washington, San Francisco, Phoenix, y Nashville.
También se votan a los legisladores de 87 de las 99 cámaras parlamentarias de los 50 estados de Estados Unidos. Y estas últimas elecciones tienen una importancia capital, porque los congresistas de esos parlamentos estatales van a determinar, entre otras cosas, el trazado de los distritos electorales en función de los cuales se votará en todos los comicios al Congreso desde 2022 hasta 2032. El partido que gane en cada Legislativo estatal hará unos distritos destinados sola y exclusivamente a perjudicar a su rival. Es como si, por poner un ejemplo, el Parlamento de Galicia, que controla el PP, pudiera crear distritos para los parlamentarios que representan a esa comunidad en Madrid. Hasta hay una palabra para definir a esa práctica: «gerrymandering».
Aparte, los electores decidirán miles de otros cargos, desde supervisores de distritos escolares o de gestión de aguas hasta sheriffs y concejales. También hay 157 referéndums en diferentes estados, que abarcan cosas tan diversas como la legalización del uso de la marihuana, el acceso al aborto, la expansión de la sanidad pública y, en el caso de Virginia, hasta los criterios para que el estado otorgue subvenciones a los propietarios de viviendas dañadas por inundaciones.
Todas esas campañas políticas mueven mucho dinero. Cada congresista de un estado, cada concejal, cada sheriff o cada comisario de aguas necesita presupuesto para ganar las elecciones. Y eso también se aplica a los referéndum. La democracia no es gratis.
De hecho, una de las campañas más caras de estas elecciones es entre dos de los hombres más ricos del mundo, y gira en torno a un referéndum que, según cómo salga, cambiará el marco regulatorio de un estado y perjudicará a uno o a otro.
De un lado, un viejo conocido de la opinión pública española: el republicano Sheldon Adelson, el promotor del fallido proyecto de la ciudad del juego en Madrid conocida como Eurovegas. A sus 85 años, Adelson (cuyo patrimonio es de 30.900 millones de dólares, o 27.100 millones de euros, según la agencia de noticias Bloomberg) ha lanzado una campaña para que los votantes de Nevada aprueben en referéndum la liberalización del mercado de la energía eléctrica en el estado. En la actualidad, si las empresas buscan proveedores diferentes de NV Energy, la eléctrica estatal, deben pagar a ésta indemnizaciones multimillonarias. En un desierto como Nevada, el potencial de la energía solar es inmenso. Pero lo que Adelson quiere es electricidad más barata para sus casinos. Los casinos no tienen ventanas, para que los jugadores no sepan cuándo es de día o de noche, pierdan la noción del tiempo, y pasen así más horas jugando.
Frente a Adelson está el tercer empresario más rico del mundo, el demócrata Warren Buffett, de 88 años y, según Bloomberg, con 84.600 millones de dólares (74.300 millones de euros). Buffett, a través de su vehículo de inversión Berkshire Hathaway, es el dueño de NV Energy. Y se opone a esa liberalización.
Adelson y Buffett se han gastado más de 100 millones de dólares en publicidad defendiendo sus campañas, es decir, defendiendo a sus intereses empresariales. Eso es un 10% más que lo que han invertido las campañas del republicano Dean Heller, que lucha por mantener su escaño, y la demócrata Jacky Rosen. La lucha de Heller y Rosen no es menor, porque de ella puede depender qué partido tenga mayoría en el Senado. Pero, evidentemente, ninguno de los dos tiene el patrimonio de Adelson o Buffett.
No es sólo gastar en campaña. También es amenazar. NV Nevada ha olvidado las credenciales demócratas de su dueño y ha anunciado que, si la liberalización es aprobada, cancelará cuatro de los cinco proyectos de granjas solares que tiene en el estado. Con eso, Buffett ha conseguido que se enfríe el apoyo de los ecologistas a la liberalización, ya que ésta, de tener éxito, sería un boom para las empresas de renovables del estado.
Por ahora, las encuestas dan como ganador a Buffett. Aunque cabe plantearse si el hecho de que dos millonarios sean capaces de gastarse más dinero en un referéndum sobre sus empresas que los candidatos al Senado que van a representar a un estado durante seis años no es, más bien, una derrota de la democracia. Y, desde luego, esos 100 millones de dólares no están incluidos en el cálculo de los 5.190 del Centro para una Política Responsable.